“La única alternativa que pueden parir en la AEE es volver a pasar por la piedra a Juan Del Pueblo con otro aumento”
NORMANDO VALENTÍN
La tranquilidad de la tarde del martes 19 de enero quedó alborotada a través de las redes sociales. Se corrió como pólvora que la ilustre Autoridad de Energía Eléctrica le facturaría a los consumidores un aumento tarifario inmediato de un 5%. La razón, según se explicaba, era para subsanar el hecho de que los administrativos de nuestra corporación habían subestimado los gastos entre septiembre y noviembre de 2020. Ante esto, la única alternativa que pueden parir es volver a pasar por la piedra a Juan Del Pueblo.
El Negociado de Energía, ese ente que fue creado dizque para controlar los desmadres de la agencia y “protegernos” de acciones destempladas que provocaran abusos tarifarios, bendijo el aumento que estará en vigor los primeros tres meses del año.
El aumento fue aprobado el 31 de diciembre y se mordieron la lengua hasta ahora. Siento indignación. La misma indignación que sienten los ciudadanos comunes y corrientes que se cansan de la incompetencia de los administradores de esta corporación pública, que teniendo un monopolio la quebraron. Eso usted lo cuenta en cualquier lugar del mundo y no se lo van creer.
Lo más doloroso es que el aumento se hace público cuando aún está fresco en la mente de todos la escandalosa denuncia de que el Capitolio de Puerto Rico acumuló una deuda de más de $2 millones y nunca le cortaron el servicio.
A cualquier ciudadano de a pie lo hacen sentir como un criminal si se atrasa par de meses y le envían cartas amenazadoras y le cortan el servicio sin contemplación. Poco importa la historia que pueda rodear la realidad personal que llevó a un ser humano al incumplimiento.
El Capitolio o su Asamblea Legislativa, NO rinde ningún servicio esencial, que es la excusa baladí para explicar por qué no interrumpieron el servicio energético aún cuando incumplieron con el pago. Es más, le harían un favor a la sociedad si evitan que esos muchachos ociosos sigan presentando tanto proyecto carente de sustancia y pertinencia.
El Capitolio no es el único en el baile. El representante del Consumidor en la Junta de Gobierno de la AEE, el ingeniero Tomás Torres me hizo llegar la relación de deudas del gobierno con la agencia y es para llorar. Por ejemplo, el departamento de Educación le debe $22 millones, Recursos Naturales debe $5 millones, Recreación y Deportes $2.2 millones, la Guardia Nacional $ 1.5 millones, el secretariado del Departamento de la Familia debe $1.2 millones.
Si le damos un vistazo a las corporaciones públicas encontramos que la que botó la bola es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que acumuló $73 millones. La Administración de Servicios de Salud debe $34 millones, mientras el Tren Urbano tiene $25 millones en deuda acumulada. Hasta el Fondo del Seguro del Estado, que está muy solvente, mantiene una deuda de $1.7 millones, al igual que el Distrito de Convenciones, que arroja $1.3 millones.
No lo voy a seguir cansando con números, pero ¡los tengo todos! El orden comienza por casa. Estas agencias y corporaciones preparan unos presupuestos donde pautan una cantidad determinada para el pago de utilidades. Simplemente no realizan los pagos. ¿Por qué? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿A dónde lo destinan?
¿Y qué pasa con el director ejecutivo de la agencia que no alberga calor en la cara para poner un detente a esto? Claro, él llevará poco tiempo, pero de que le toca le toca. Lleva días escondido y no responde las preguntas de la prensa. En su lugar, envían funcionarios de menor rango que hacen malabares para explicar lo que no se puede.
Preguntas que quedan en el aire. Pasan de año en año y de administración en administración. La culpa es huérfana y la impunidad es visible. Mientras tanto, se exprime y se exprime al ciudadano, sobre todo en estos tiempos modernos donde nos han golpeado huracanes, temblores y pandemias. Pero lo más que nos azota es el descaro con que nos tratan. Otra vez la soga parte por lo más fino, que es el consumidor. ¡Qué pena!
“Estas agencias y corporaciones preparan unos presupuestos donde pautan una cantidad determinada para el pago de utilidades. Simplemente, no realizan los pagos. ¿Por qué? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿A dónde lo destinan?”