SACA “F” EN SU PRIMERA PRUEBA
En tres y dos Elba Aponte Santos tras ser confrontada por representantes, durante una sesión de interpelación, sobre los planes de la agencia para el regreso a la escuela
La secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, tuvo ayer una accidentada sesión de interpelación, que se vio interrumpida por careos entre representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y otras delegaciones, y en la que no pareció responder de manera satisfactoria muchas preguntas de algunos legisladores, al tiempo que, por momentos, se expresaba a un ritmo inusualmente lento y con largas pausas.
La secretaria reiteró el ya conocido plan tentativo de abrir las escuelas para el próximo 3 de marzo, bajo la premisa de que los planteles que vayan a abrir deberán cumplir con unas métricas establecidas y dejando claro que los padres, madres o encargados de los menores no estarían obligados a llevar a los niños a clases si aún persisten sus temores ante el COVID-19.
De acuerdo con Aponte ya han identificado 172 escuelas “con alto potencial” para poder reabrir el 3 de marzo, pero habría que esperar por las certificaciones de cada una de ellas para poder dar el número exacto de las que podrán abrir.
“Son 172 escuelas con alto potencial. Pero no quiere decir que vayan a abrir. Esto no está escrito en piedra. La decisión no es final. Nos vamos a mover de forma escalonada. Los padres que no quieran no tendrán que llevar a sus hijos a la escuela, podrán continuar con la educación a distancia”, indicó Aponte. “Pero tenemos que movernos en la preparación de nuestras escuelas”.
La secretaria también informó que estarían implantando, donde fuera posible, un sistema de “modalidad híbrida”, con algunos días presenciales y otros a distancia, con los estudiantes divididos en grupos de 12 o menos por salón.
Además, informó que unos 33,000 empleados, de los 40,000 que tiene el sistema público, ya se han vacunado contra el COVID-19, y espera que todos estén inoculados para el 16 de marzo, incluyendo a otros 15,000 de colegios privados.
Sin embargo, cuando enfrentó las preguntas de los representantes, las cosas cambiaron de tono y de ritmo en el habla de la secretaria.
El representante popular Rafael “Tatito” Hernández le cuestionó sobre la discrepancia en las fechas en que pensaban reabrir (3 de marzo) y la que esperaban tener a todo el personal vacunado (16 de marzo).
La secretaria no pudo dar una respuesta precisa, y respondió que para el 3 de marzo esperaban “unos 5,000 estudiantes, si los padres estaban de acuerdo en llevarlos”, así como unos 5,000 maestros trabajando, “pero eso va a depender de las conversaciones con el representante (sindical) exclusivo de los empleados y las certificaciones de las escuelas”.
Hernández la confrontó entonces con unas expresiones de cuando era presidenta de la Asociación de Maestros y dijo que no deberían reabrirse las escuelas si el nivel de positividad del COVID-19 era superior al 5% (actualmente está por encima de 9%), respecto a su posición actual.
Ante la falta de respuestas adecuadas de la secretaria, que entonces hablaba a un ritmo extremadamente lento, Hernández le increpó y se armó un careo en el hemiciclo cuando el representante estadista Carlos “Johnny” Méndez intervino a gritos a favor de Aponte. La sesión tuvo que ser interrumpida, mientras la secretaria miraba riendo la disputa entre legisladores.
En su turno, la representante Lydia Méndez, le increpó a la secretaria sobre un contrato de más de $1.3 millones que mantiene Educación con un parador en Guánica para presuntamente usarlo como centro para clases.
“La pregunta clave... es si usted piensa que esa facilidad se debe utilizar para salones de clase, donde hay solo una salida y eso está frente a la playa, ¿eso es viable para estudiantes, maestros y la facultad administrativa? ¿Qué va a hacer con ese contrato que está hasta julio de 2021?”, cuestionó Méndez.
La secretaria, otra vez en el tono súperlento, se limitó a responder que “hemos ordenado al subsecretario que evalúe para ver si ese contrato, o algún otro contrato de arrendamiento contemplado para esos fines, si se ordena una cancelación correspondiendo a los términos establecidos en el contrato”.
Méndez contrastó la postura con la rapidez con que se firmó el contrato millonario con el parador, en noviembre de 2020, con respecto a la lentitud para adquirir unos vagones que servirían de salones de clases, que habían sido prometidos para junio de 2019, y todavía no se adquirido.
La lentitud en las respuestas de Aponte fue de tal magnitud que se llegó a pensar que estaba usando un audífono por el que alguien le estaba dictando qué responder. Ese asunto se hizo aun más dramático cuando la secretaria respondió a preguntas de la representante penepé Lourdes Ramos y lo hizo a un ritmo normal, pero luego retomó el ritmo sumamente lento cuando era interrogada por el independentista Denis Márquez.
“No ha sido responsiva. No cumplió con el mandato de llegar aquí a presentar un plan”, comentó Hernández. “Personalmente, lo que he visto hasta ahora, no creo que esté capacitada para esas funciones. Creo que hasta ha llegado aquí y tiene un auricular, tiene alguien que le está hablando… no es lo mismo que ella se apoye en su equipo técnico, que le puede preguntar lo que le tenga que preguntar, y lo otro es la forma que está hablando como si alguien le estuviera hablando, ella contestando y después cambia el tono cuando culmina y cierra los planteamientos que le están comunicando y después habla en sus propias palabras”.
En el turno de Ramos, sin embargo, la secretaria sostuvo que no tenía ningún auricular. La representante aprovechó la situación para tratar de dar un giro de que no se le estaba dando el mismo trato que se le había dado al secretario designado de Salud una semana antes, por ser ella mujer.
Sin embargo, una vez más, durante las preguntas de Márquez, la secretaria volvió a dar respuestas evasivas y en ritmo desesperantemente lento, lo que llevó al representante a interrumpirla en más de una ocasión.
El estadista Gabriel Rodríguez Aguiló volvió a abogar por Aponte y se armó un nuevo careo. Márquez defendió su tiempo y su gestión, así como su derecho a interrumpirla.
“No, no le voy a permitir continuar. Es mi tiempo y ya la entendí. Si quiere ser abogado defensor, vaya a los tribunales”, le contestó Márquez a los reclamos de Rodríguez Aguiló.
Al final de su turno, un frustrado Márquez le dijo a la secretaria, “le he hecho más de ocho o nueve preguntas, y además de autoelogiarse, no me ha dado respuestas. No las contestó, las evadió. Utilizó todos los mecanismos para no contestarlas. Rechazo su nombramiento y así lo expreso para que conste en el récord legislativo”.
Al cierre de edición continuaba el proceso de interpelación contra Aponte, y se esperaba que fuera interrogada por representantes del Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad.