TRAEN COLA LOS CAMBIOS PROPUESTOS
Administradores de la UPR truenan contra el proyecto de ley que establece una Reforma Universitaria, que daría más participación a la comunidad
La reciente radicación de un proyecto de ley en el Senado que impulsa una reforma a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para, entre otras cosas, “garantizar su autonomía”, revivió las fricciones entre la administración y la comunidad universitaria sobre cómo debe ser repartido el poder y quién debe tomar las determinaciones en esta importante institución educativa.
En una mesa informativa en la que participó Primera Hora, varios rectores y personal administrativo de la UPR alertaron que los cambios gerenciales que se impulsan en la propuesta, radicada por petición, “incide directamente en la acreditación y en la pérdida de fondos federales”.
La vicepresidenta asociada de Acreditación y Avalúo, Jennifer Alicea Castillo, puntualizó que “el proyecto de ley que estamos hablando se aparta completamente de lo establecido en el requisito de cumplimiento de la Middle States Commission on Higher Education, específicamente, bajo el estándar número VII, que se titula ‘Gobernanza, liderazgo y administración’. Este estándar es muy claro en cómo establece las obligaciones del principal ejecutivo de toda institución acreditada y también establece las funciones y obligaciones de ese ente rector de la universidad, de esa institución”.
“Toda institución que quiera ser acreditada y quiera permanecer acreditada tiene que seguir al pie de la letra estos estándares y en este caso, pues afecta directamente el estándar número VII. Este estándar VII requiere que las instituciones educativas tengan un cuerpo rector legalmente constituido y establece las obligaciones. Así es que es un asunto muy importante que toda esta reforma, enmiendas, lo que se quiera presentar por las serias preocupaciones que la comunidad universitaria tiene, siempre se vean bajo el lente de la acreditación y es algo que le falta a este proyecto”.
Sin embargo, la Comisión Multisectorial de la Reforma Universitaria que analizó y redactó durante el pasado cuatrienio esta Reforma Universitaria rechazó los señalamientos. Aluden a que la propuesta fortalecerá la institución. Pero, sobre todo, insisten en que la despolitizará.
Necesaria la reforma
El rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Agustín Rullán, dejó claro desde un inicio que no se oponen a que se impulse una reforma. De hecho, afirmó que están a favor de promover cambios a una ley que data del 1966 y requiere ser modernizada.
Indicó que la base filosófica de promover la despolitización, así como darle autonomía y sana administración a la UPR “son principios buenos”. Sin embargo, el catedrático de Ingeniería Industrial señaló que el proyecto adolece de alternativas que promuevan ese mejoramiento institucional que se busca.
En un resumen suministrado para hacer constar la posición institucional se informó que, “lejos de gestar una universidad ágil, moderna y transparente, de aprobarse el PS172, según redactado, crearía burocracia adicional en la institución, tanto en los procesos administrativos, fiscales, como en los relacionados a la enseñanza y aprendizaje”.
Rullán mostró preocupación porque, a su juicio, la mayoría de las decisiones requerirían ser aprobadas por la Junta Universitaria, lo que la convertiría en un cuerpo administrativo. Señaló que, a esta entidad, compuesta por representantes de la propia UPR, se le transferirían muchas de las responsabilidades que tiene en la actualidad la Junta de Gobierno, pero que en el proyecto de ley se le nombraría Consejo Universitario.
“La Junta Universitaria tendrá entre sus facultades y deberes la aprobación del presupuesto, el nombramiento del principal ejecutivo de la Universidad, las políticas sobre el manejo de personal, entre otras gestiones… La Junta de Gobierno solo va a ratificar y el presidente
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El proyecto de ley que estamos hablando se aparta completamente de lo establecido en el requisito de cumplimiento de la Middle States Commission on Higher Education”
JENNIFER ALICEA CASTILLO VICEPRESIDENTA ASOCIADA DE ACREDITACIÓN Y AVALÚO
a ejecutar lo que dicta la Junta Universitaria”, aludió Rullán, al establecer que “tenemos preocupación que esto va a paralizar la Universidad”.
También mostró objeción con el hecho de que el rector tendría que ejecutar decisiones administrativas que no tomó y también hacerse responsable de su resultado. Pero, más importante aún, denunció que “el presidente que sea electo estaría carente
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Obviamente, algunas personas van a protestar, porque se despolitiza la UPR y deja de ser un zafacón para políticos perdidos y fracasados”
JOSÉ VARGAS VIDOT UNO DE LOS AUTORES DE LA MEDIDA
de autonomía para desarrollar e implementar planes institucionales”.
“La Universidad se puede tornar en una ingobernable”, subrayó Rullán.
A juicio de los defensores de la Reforma Universitaria, la propuesta legislativa no se convertiría en una amenaza para la acreditación de la UPR, sino que fortalecería la institución al permitir procesos democráticos y despolitizados, atemperados a la visión de futuro y a la realidad puertorriqueña.
De hecho, uno de los autores del proyecto del Senado 172, el senador independientes José Vargas Vidot, afirmó que la finalidad de esta propuesta es “todo lo contrario” a lo expresado por rectores y administrativos de la UPR en una mesa informativa.
“Ahora mismo, en la forma en que está constituida la gobernanza ha impedido que se nutra del personal que ha sido exigido por la Middle States (Commission on Higher Education) y agencias acreditadoras”, justificó el legislador, al indicar que los cambios impulsados proveerían mayor participación de la comunidad universitaria.
Tanto Vargas Vidot como el colaborador en asuntos legislativos de la Comisión Multisectorial de la Reforma Universitaria, Ricardo Raola Don, expusieron que la medida busca aumentar la autonomía de la UPR al evitar que sea el gobernante de turno quien escoja a los miembros de la Junta de Gobierno, a la que se le conocería como Consejo Universitario, y que estos sean cambiados en medio de cada transición gubernamental. Además, transfiere mayores decisiones a la Junta Universitaria, en la que los estudiantes, profesores y rectores tienen mayor participación.
“La UPR responde a una estructura que es política y está ajena a la institución. Obviamente, algunas personas van a protestar, porque se despolitiza la UPR y deja de ser un zafacón para políticos perdidos y fracasados”, afirmó el senador.
Raola Don, por su parte, expuso que los argumentos que utilizan los directivos de la UPR para oponerse a la Reforma Universitaria no son nuevos. Aludió en que estuvieron cobijados en un memorial explicativo que realizó el presidente de la UPR, Jorge Haddock, a finales del pasado año.
La respuesta de la Comisión Multisectorial se dio en un documento de 17 páginas en el que se indica que el Consejo Universitario mantendría su composición, aunque habría cambios en la forma en la que el gobernante escoja a sus miembros.