SENADO INVESTIGARÁ BROTES DE COVID-19 EN LAS CÁRCELES
Comisión indagará en las medidas que ha tomado el DCR para evitar el contagio
El Senado aprobó ayer, en votación unánime, una resolución para investigar los brotes de COVID-19 reportados en instituciones penales en el País.
La medida, de la autoría del presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago, ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano a investigar las gestiones que ha realizado el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para combatir los brotes del coronavirus que han salido a la luz pública en las instituciones carcelarias, Bayamón 501 y Ponce 676, así como las medidas que se están tomando para evitar la propagación del virus a otras prisiones.
La pieza legislativa indica en su exposición de motivos que el pasado 16 de enero se reportó un brote de la enfermedad en uno de los módulos de la Institución 676 de Ponce, donde 35 de 59 confinados habían dado positivo al COVID-19.
Dice, además, que un poco antes, a principios del mismo mes, en el módulo 1, de la Institución 501 del complejo correccional de Bayamón, se registró otro brote del SARSCOV-2 entre 167 confinados.
La medida detalla, que se alega que en esta institución el brote se debió a que un oficial correccional tuvo contacto con cinco confinados y estos a su vez, contagiaron a otros reos.
La resolución precisa que la designada secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, informó que se realizaron 452 pruebas moleculares a confinados y 161 pruebas a empleados y oficiales de custodia y que están en espera de los resultados.
Dice también que Escobar Pabón informó que se había activado el protocolo interno y que el pasado 18 de enero, comenzarían con el proceso de vacunación en la institución 676 de Ponce y en los Centros de Tratamiento Social de Villalba y la Ciudad Señorial.
“Aunque las visitas de familiares fueron suspendidas por el momento, el problema que se confronta, como quedó evidenciado, es el contacto que tiene la población penal con los empleados de las instituciones”, dice Dalmau Santiago en la pieza legislativa.
Sostiene el legislador que “es de suma importancia poder conocer qué mecanismos de precaución se están implementando para tener un control y conocimiento de los empleados que laboran en las instituciones penales del País, ya que se desconoce qué medidas de precaución toman una vez salen de sus turnos”.
Suspenden sesión cameral
La sesión de la Cámara de Representantes, en la que estaba en agenda el Proyecto de Retiro Digno, tuvo que ser cancelada de forma repentina ayer, luego que cuatro legisladoras y el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez fueron puestos en cuarentena por estar en contacto con una empleada positiva al COVID-19.
“Ninguno de nosotros tenemos síntomas”, dijo Hernández Montañez vía telefónica a los periodistas asignados al Capitolio.
Explicó que fue informado de que una empleada de la Oficina de Prensa de la Cámara que estuvo cerca de él y de cuatro legisladoras en una actividad este martes, convalece del coronavirus.
Detalló que se retiró a su casa y se comunicó personalmente con las representantes, Sol Higins, Lydia Méndez, Deborah Soto y Mariana Nogales para que tomaran las medidas cautelares con su personal y que se mantuvieran también en cuarentena.
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Aunque las visitas de familiares fueron suspendidas por el momento, el problema que se confronta, como quedó evidenciado, es el contacto que tiene la población penal con los empleados de las instituciones”
JOSÉ LUIS DALMAU SANTIAGO
PRESIDENTE DEL SENADO