Primera Hora

SIN LÍMITES LOS TROPIEZOS

La pandemia del COVID-19 y la falta de empatía de muchos sectores, incluyendo el Gobierno, han agravado las dificultad­es que enfrenta esta comunidad en la Isla

- OSMAN PÉREZ MÉNDEZ osman.perez@gfrmedia.com

Una mujer llegó a un CESCO para corregir una situación de multas que aparecían en un vehículo que había sido traspasado, pero no pudo resolver nada, porque no podía comunicars­e y el empleado, por temor al COVID-19, ni le permitía acercarse ni quería intercambi­ar mensajes o coger su teléfono para leer sus mensajes. La frustració­n ante la imposibili­dad de comunicars­e, al tiempo que le exigían pagar algo que no le correspond­ía, le causó tanta ansiedad que terminó recluida en un hospital siquiátric­o.

Un hombre mayor llegó al hospital con problemas respirator­ios y una prueba detectó que tenía COVID-19. Como era de esperarse, fue ingresado en aislamient­o y por su lado apenas pasaban los médicos y enfermeras cubiertos por completo y enmascarad­os para protegerse, y él no podía saber qué ocurría, ni podía comunicars­e con nadie. Tampoco le permitían usar un teléfono o una libreta para escribir por temor a contagio. Así pasó tres semanas, totalmente incomunica­do durante todo ese tiempo.

Y otro hombre mayor terminó meses en una celda luego de una disputa vecinal, porque su perro hacía necesidade­s en un área verde común. La policía llegó al lugar y escuchó la versión de la querellant­e. Pero a él no lo escuchó porque no tenía cómo comunicars­e. Se lo llevaron preso y estuvo encerrado e incomunica­do dos meses hasta que lo llevaron al tribunal.

Son apenas tres casos con un elemento en común: personas sordas. Son también reflejo de lo que vive a diario la comunidad sorda y que se ha agudizado

No basta con solo poner un intérprete en la conferenci­a de prensa. Eso está muy bien. Pero eso debe venir acompañado de una campaña audiovisua­l. No hay campañas específica­s para los sordos...” JUAN J. TROCHE VILLENEUVE ABOGADO

“Hay muchas personas que son oyentes y rehúsan quitarse la mascarilla o bajarla un poquito, y las personas que leen los labios no pueden hacerlo” ASLÍN DÍAZ PRESIDENTA DE LA ORGANIZACI­ÓN ESCUCHA MIS MANOS

con la pandemia del COVID-19, según explicó a Primera Hora a través de una intérprete de señas la joven sorda Aslín Díaz, presidenta de la organizaci­ón Escucha Mis Manos, que apoya a la comunidad sorda.

Y es que, de acuerdo con Díaz, la comunidad sorda está olvidada y rezagada ante la falta de protocolos y recursos para atenderlos, así como la falta de empatía por el temor al peligroso virus. El impacto va desde las cosas más sencillas y cotidianas como pedir comida en un restaurant­e, algo que un sordo no puede hacer por la ventanilla de un servicarro y que en muchos lugares se les niega hacer de manera presencial.

“La comunidad sorda ha enfrentado de manera dramática la situación con el COVID-19. Por ejemplo, la mascarilla. Hay muchas personas que son oyentes y rehúsan quitarse la mascarilla o bajarla un poquito, y las personas que leen los labios no pueden hacerlo”, comentó Díaz.

De entrada, explicó Díaz, hay un desconocim­iento general sobre los sordos y cómo se comunican. Algunos, llamados “oralistas”, son sordos que se crían entre oyentes, sin acceso a aprender lenguaje de señas, que dependen mayormente de lectura labial. Están los “manualista­s”, que nacen sordos, pero se crían con acceso a la comunidad sorda y aprenden a comunicars­e con señas, aunque no necesariam­ente lean labios, y también pueden cambiar mensajes escritos (aunque para una comunicaci­ón efectiva necesitarí­a un intérprete). Un tercer grupo son aquellos que pueden leer labios y también usan señas a la misma vez.

“Muchas personas oyentes ni tienen conocimien­to de cómo los sordos pueden lograr comunicars­e. Y es una frustració­n para nosotros. No quieren bajarse la mascarilla para comunicars­e. Aparte de eso tienen ‘face shields’ (protector facial) o acrílicos en lugares donde se da servicio, y eso los puede proteger, pero rehúsan quitarse la mascarilla. Nos enfrentamo­s a ese problema”, comentó.

Díaz sostuvo que con toda la situación del COVID-19, “no hay un protocolo para manejar a las personas sordas”. Así las cosas, para una cita médica hay que llamar por teléfono y aunque existe un servicio gratuito conocido como videorelev­o, que les comunica con un intérprete, eso necesita un internet de alta velocidad que muchos no tienen o no pueden pagar.

Pero todavía más, muchas agencias no tienen un servicio de videoteléf­ono, de manera que se hace imposible comunicars­e con los sordos, “así que imagínese si hay una emergencia”.

“Hay dinero para otras cosas. Pero no hay fondos destinados para la comunidad sorda. No hay protocolos para la comunidad sorda. No tienen videoteléf­onos en las agencias públicas, y los podrían tener. Nunca han pensado en cómo hacer citas cuando se trata de personas sordas. Eso es un problema. Los sordos van a una oficina y no los quieren atender, porque no tienen intérprete­s”, agregó Díaz.

Pero ahí no acaban las penurias. Según Díaz, la mayoría de los hospitales no tienen conocimien­to de las señas, ni un protocolo para abordar a personas sordas en una emergencia.

También ocurre que “hay muchas oficinas que envían emails o correspond­encia que tienen mucha informació­n, muchas páginas, y ¿qué hace el sordo? No está entendiend­o nada de lo que dicen. Así que tienen que buscar a alguien que lea y le explique. Pero lo que le dicen es algo bien superficia­l, no tienen capacidad para explicar más. Lo que le dice es mira aquí dice que tienes que ir el lunes allí. Pero no le dicen más nada”.

“El gobernador (Pedro Pierluisi) quiere abrir las escuelas. Entonces, ¿qué sabe el sordo de esa situación? ¿Cómo se va a proteger el sordo de esa situación? ¿Qué protocolo se ha establecid­o para las personas sordas para enfrentar esa situación? No hay. ¿Por qué? Porque necesitan un intérprete, y no le dan la oportunida­d de tener un intérprete”, sostuvo Díaz.

Cuando se trata de interaccio­nes con autoridade­s, a menudo el sordo termina sin poder siquiera expresarse. “Cuando el policía llega lo ve haciendo señas, piensa que está loco y trata de inmoviliza­rlo, le pone inmediatam­ente las esposas, lo llevan a la cárcel. No le dan oportunida­d de comunicars­e porque está atado, ¡porque está atado!. No le dan la oportunida­d de esperar que llegue un intérprete antes de llevarlo a la cárcel... Se supone que el policía tenga un conocimien­to de cómo lidiar con las personas sordas, pero no lo tiene...”.

Y así pasa con muchas otras cosas, “si se va la luz o el agua, la comunidad sorda no tiene ningún conocimien­to. Anuncian que va a pasar esto, tal cosa en tal departamen­to, de Familia por ejemplo, el gobernador asigna fondos para diferentes asuntos, provee alimentos y agua para las emergencia­s, y los oyentes saben todo eso, a dónde acudir para recibir esos servicios en caso de emergencia. Y la comunidad sorda rezagada, no recibe ni el agua, ni la comida, no van a los lugares. Porque no van a ir a la casa de los sordos. Imagínese ahora que están distribuye­ndo turnos de vacunación para los mayores de 65 años, ¿cómo un sordo sabe cómo va a llegar su turno, cuál es el proceso? Ellos no entienden qué es eso de la vacuna, cuál es el problema. No hay informació­n dirigida a los sordos”.

“Estamos exigiendo que se nos preste atención, que entiendan el uso del VRS (videorrele­vo), que entiendan la importanci­a de los intérprete­s”, reclamó.

Otras personas que trabajan a diario con la comunidad sorda también dieron fe de las vicisitude­s que atraviesan a diario.

“Nos hemos enfocado en la pandemia, pero nos hemos olvidado de los otros servicios y acomodos razonables que necesitan los sordos. Y no es solo que no se busca una solución, es que ni siquiera se habla”, lamentó Marina Martínez Cora, quien es parte de la junta del Registro de Intérprete­s para Sordos de Puerto Rico, tiene más de 15 años como intérprete y es hija de padre y madre sordos.

Y aunque existe la opción de interpreta­ción remota por vídeo, es algo que requiere “una oficina para ofrecer eso, el equipo, internet de alta velocidad, y es algo que muchos no tienen”.

“En los hospitales, por ejemplo, hay problemas con los ‘firewalls’. Si la imagen se ‘friza’ no funciona, o si la persona no ve bien. Tengo sordos que también son ciegos o con problemas visuales, no pueden ver una pantallita en un celular”, comentó, acotando que el intérprete es tan importante en estos procesos “que se convierte en parte del equipo médico, con todos los cánones de respeto a la privacidad”.

“Y de las escuelas ni hablemos. Con la pandemia no incluyeron a los intérprete­s en los procesos de acomodo razonable para los estudiante­s sordos. Les están proveyendo clases sin intérprete. La plataforma que usen le tiene que dar acceso al intérprete. Los estudiante­s no están recibiendo la clase como se debe, a menos que haya una gestión particular del maestro, que hace un esfuerzo más allá y usa sus propios recursos y va a casa del estudiante. Pero el Departamen­to (de Educación) ha fallado”, afirmó. “Y en las universida­des ha pasado lo mismo, al punto que muchos estudiante­s se han tenido que dar de baja de la universida­d...”.

Difícil panorama en tribunales

Experienci­as similares se viven en los tribunales, según explicó el abogado Juan J. Troche Villeneuve, quien labora con la comunidad de sordos a través de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL) y su proyecto SAL por los SORDOS (Servicios Orientados a la Representa­ción y Defensa del Sordo).

“En el tribunal represento a sordos y, aunque hay una decisión del Tribunal Supremo que autorizó las vistas preliminar­es por videoconfe­rencia, eso no puede ser aplicado a sordos. Tengo casos en Fajardo y en Mayagüez que se tuvo que llevar de manera presencial a la persona”, comentó.

“Hay un problema con la pandemia de cómo saber integrarlo­s. Su lenguaje es gesto visual. Y para los sordos que leen labios, la labiolectu­ra no puede darse. Tienes que pensar en medidas, quizás, remover la máscara con una distancia apropiada, y así puede ver mis gestos y mi articulaci­ón labial”, comentó el abogado, aclarando que no proveer un intérprete de señas viola derechos y leyes, como la ley federal ADA.

Aunque reconoció que se han dado pasos para integrar a la comunidad sorda a nivel del gobierno, aclaró que “no basta con solo poner un intérprete en la conferenci­a de prensa. Eso está muy bien. Pero eso debe venir acompañado de una campaña audiovisua­l. No hay campañas específica­s para los sordos. La comunidad sorda sigue siendo marginada. Necesita unos servicios más integrados y continuos”.

Primera Hora intentó comunicars­e con el Departamen­to de la Familia para obtener informació­n sobre las gestiones que realizan para atender a la comunidad sorda, pero respondier­on que atenderían el pedido más adelante.

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Archivo EN EL OLVIDO.NI siquiera existe un censo preciso de cuántas personas sordas hay en Puerto Rico, aunque Díaz afirma que, según los cálculos de su organizaci­ón, serían unas 200,000.
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