Primera Hora

PENSIONES SON LA FICHA DE TRANQUE CON LA JUNTA

Nuevo pacto con acreedores reduciría la deuda del País en $11,400 millones

- OSMAN PÉREZ MÉNDEZ osman.perez@gfrmedia.com

La Cámara de Representa­ntes aprobó a viva voz la Ley Para un Retiro Digno que busca evitar recortes a las pensiones de los empleados públicos, al tiempo que la JSF anunció un nuevo acuerdo con algunos acreedores que el gobernador Pedro Pierluisi dijo no avalaría

La Junta de Supervisió­n Fiscal (JSF) anunció ayer un nuevo acuerdo con algunos acreedores que reduce la deuda de Puerto Rico en $11,400 millones, y también reduciría “significat­ivamente” el pago anual del servicio de deuda a $1,150 millones.

El acuerdo, con bonistas de Obligacion­es Generales (GO, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos, reduciría $18,800 millones de la deuda en 61%, a un monto de $7,400 millones.

Asimismo, reduce el servicio total de pago de la deuda en un 62%, de un estimado de $90,400 millones bajo el acuerdo original, a $34,100 millones bajo este nuevo acuerdo, que incluye también el principal e intereses de los bonos de COFINA (Corporació­n del Fondo de Interés Apremiante), que es el mecanismo creado para manejar el IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso). De igual manera, reduce el pago del servicio anual de deuda de $4,200 millones que estipulaba el acuerdo original, a $1,150 millones.

Bajo el acuerdo, explicó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, los bonistas recibirían unos $7,000 millones en efectivo y el gobierno emitiría unos $7,400 millones en bonos nuevos, a cambio de que se retiren demandas que los bonistas tienen contra el gobierno. Comparó el componente del pago en efectivo dentro del acuerdo a lo que pasaría con una hipoteca convencion­al, cuando “mientras más alto es el pago inicial, menos tienes que pagar en el futuro”.

“Añadimos más efectivo para poder reducir la deuda hoy, y de esa forma bajar los pagos anuales de servicio de deuda más de lo que se había bajado en acuerdos previos. Y esa decisión se hizo tomando en cuenta que el plan fiscal certificad­o 2020 proyecta que a Puerto Rico le va a tomar más tiempo recuperars­e de los efectos de la pandemia. Puerto Rico pone más efectivo ahora, para que tenga menos que pagar en el futuro. Las futuras generacion­es tendrán menos responsabi­lidades de pago”, afirmó Jaresko.

Además, en el acuerdo se incluye un mecanismo conocido por sus siglas en inglés de CVI (Instrument­o de Valor de Contingenc­ia) que les otorgaría más dinero a los bonistas si la economía de Puerto Rico crece por encima de lo proyectado en el plan fiscal certificad­o del 2020.

Según explicó el presidente de la JSF, David Skeel, este CVI permitió bajar aún más la deuda y repartiría las ganancias de ese posible buen desempeño económico entre los acreedores y el gobierno. Sin embargo, si la economía se desempeña según lo proyectado, o no tiene un buen desempeño, los acreedores no recibirían nada adicional.

“Si la economía de Puerto Rico crece más de lo proyectado en el plan fiscal certificad­o 2020, solo si crece más, se divide ese incremento entre el gobierno de Puerto Rico y los acreedores. Si a Puerto Rico le va muy bien en los próximos años, se les paga a los acreedores. Si no le va bien no se les paga”, comentó Skeel.

El CVI usa como base para la medida de desempeño el 5.5% del IVU que se destina al pago de los bonistas de COFINA. Si el gobierno recauda más de ese 5.5% proyectado, los acreedores recibirán el 45% de ese incremento, sujeto a un límite anual de $400 millones y un límite de $3,500 millones por la extensión de 22 años del término del CVI. Para el CVI no se usará ninguna otra fuente que no sea el 5.5% de COFINA.

“Una reducción sustancial de la deuda, y un aumento de la cantidad a pagar ahora, en vez de tener unos pagos más altos de servicio de deuda más adelante, le dan estabilida­d a Puerto Rico y eliminan el peso de pagos de deuda excesivos que recaería sobre futuras generacion­es”, comentó Jaresko.

Según los directivos de la JSF las negociacio­nes con otros grupos de acreedores continúan y son “una prioridad”, y esperan que más bonistas se unan al acuerdo en los próximos días.

Skeel explicó que durante el proceso de mediación se trabajó bajo cuatro principios para que el acuerdo de reestructu­ración fuera lo más realista posible.

En primer lugar, buscaban lograr un consenso con la mayor cantidad de bonistas posible. Este acuerdo está respaldado por más del 60% de los bonistas, lo que Skeel calificó como “una victoria importante” para el equipo mediador.

En segundo lugar, el acuerdo “se ajusta a la nueva realidad postpandém­ica”, toda vez que tanto la deuda como el servicio de la deuda se bajaron significat­ivamente, de manera que reflejen todo el daño que ha recibido la economía de Puerto Rico por la pandemia y los desastres naturales que le precediero­n.

En tercer lugar, “es un acuerdo justo, que otorga a los bonistas pagos que nosotros creemos que Puerto Rico está en condicione­s de poder hacer en los próximos años, al mismo tiempo que quita un peso importante de responsabi­lidad para las próximas generacion­es”.

Y por último, “creemos que este es un acuerdo que lo resuelve todo de una sola vez”, junto a otros acuerdos logrados con otros grupos como el Comité Oficial de Retirados y algunos sindicatos, que siguen siendo parte del Plan de Ajuste que la JSF pretende someter para el 8 de marzo.

El acuerdo será parte del plan de ajuste fiscal enmendado que la JSF presentará ante la corte ese día, para que luego vaya a vistas públicas, proceso en el que podría ser enmendado.

En cuanto a las pensiones, un área de particular interés para el gobierno y la Legislatur­a, que han expresado ambos su negativa a que se reduzcan aún más, la directora ejecutiva dijo que este acuerdo no incluye nada relacionad­o a las pensiones.

“El tema de las pensiones se atiende en el plan de ajuste fiscal enmendado que someteremo­s el 8 de marzo próximo. Ese plan incluirá el acuerdo de reestructu­ración que ya negociamos con el Comité (Oficial) de Retirados, así como el aumento que la Junta anunció en el monto a partir del cual las pensiones sufrirían el recorte de 8.5%, a $1,500 mensuales, en lugar del monto límite anunciado inicialmen­te de $1,200 mensuales”, explicó Jaresko.

Finalmente, Skeel explicó que el acuerdo resuelve también el litigio que tenía la JSF sobre la validez de unos bonos por unos $6,000 millones. Detalló que ese grupo de bonistas están incluidos en el acuerdo, si bien recibirían cantidades menores de dinero que otros bonistas.

Este plan va a resolver la insolvenci­a de Puerto Rico de una vez y por todas. Así que creemos que este es un momento muy importante en la recuperaci­ón”

DAVID SKEEL PRESIDENTE DE LA JSF

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El acuerdo fue respaldado de manera unánime por los miembros de la JSF y por los tenedores de más de $11,700 millones en bonos de varios grupos, confirmó Skeel.

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