AL SUPREMO FEDERAL PETICIÓN DE AUDIOS EN CASO DE ANDREA RUIZ
Gremios periodísticos y escuelas de derecho componen la Alianza Pro Transparencia
Las dos principales asociaciones periodísticas de Puerto Rico anunciaron ayer la creación de la nueva Alianza Pro Transparencia (APT), un grupo en contra de la opacidad en el manejo de información pública cuya primera acción será llevar al Tribunal Supremo de Estados Unidos la petición de la divulgación de las grabaciones de las comparecencias a corte de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su expareja.
La creación de la Alianza fue anunciada por la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Damaris Suárez y su homólogo del Overseas Press Club (OPC), Luis Guardiola, con el apoyo de las escuelas de derecho de las universidades de Puerto Rico (UPR) e Interamericana, así como de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Ponce y del Colegio de Abogados y Abogadas.
“Esta es una alianza histórica que une a las principales organizaciones periodísticas y que de manera orgánica ha movilizado a entidades comprometidas con el acceso a la información y la transparencia”, dijo Guardiola en conferencia de prensa.
Tanto la Asppro como el OPC encabezaron los esfuerzos, infructuosos hasta ahora, de que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) divulgara los audios de las comparecencias a corte de Ruiz Costas, quien fue al Tribunal de Primera Instancia de Caguas a buscar protección contra su expareja, quien eventualmente la asesinó, según confesó el hombre.
El 25 de marzo, Ruiz Costas acudió a la sala de la jueza Sonya Nieves a pedir una orden de protección contra Miguel A. Ocasio Santiago. La jueza no la concedió y, en cambio, los citó a ambos para cinco días después, el 31 de marzo. El 26 de marzo, Ruiz Costas presentó una denuncia criminal contra Ocasio Santiago por amenazas y acoso.
Pero, tras relatar en términos claros y con ejemplos concretos, el brutal patrón al que la tenía sometida su expareja, la jueza Ingrid Alvarado no le creyó y no encontró causa para arresto contra el hombre, quien tenía antecedentes de violencia.
El 27 de abril, Ocasio Santiago mató a la mujer y después intentó disponer de su cadáver quemándolo en un paraje en Cayey.
El Tribunal Supremo denegó peticiones y varias reconsideraciones tanto del OPC como de la Asppro, con los argumentos, rechazados ambos por la comunidad legal, de que los procesos de violencia de género son confidenciales y de que es necesario proteger la identidad de las víctimas de estos delitos.
No quedando vías disponibles para lograr transparencia en este caso a través de las cortes puertorriqueñas, la APT prepara un recurso que será presentado “en las próximas semanas” ante el Supremo de Estados Unidos. “Para nosotros, este caso significa mucho y garantizamos que no lo vamos a soltar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Guardiola.
La organización está consciente de que el camino hacia el Supremo estadounidense es bastante cuesta arriba.
Primero, se presenta un recurso discrecional, lo cual significa que el foro estadounidense tiene la discreción de acogerlo o no. Si el caso llegará al Supremo de Estados Unidos, o si tendrá éxito si el foro lo acogiera, nadie lo sabe en este momento. Pero tres profesores de derecho que participaron en la conferencia de prensa –Efrén Rivera (UPR) y Esther Vicente y Carlos Gorrín Peralta de la Interamericana– dijeron que al caso le sobran méritos, pues consideran las determinaciones del Supremo puertorriqueño en este caso erradas en muchos sentidos.
Rivera dijo que en Puerto Rico hay derecho constitucional tanto a la información como a que los procesos judiciales sean públicos; los dos fueron negados. Explicó, además, que aunque en los casos de violencia de género se permite controlar, no prohibir, el acceso a los procesos, es para proteger la identidad de la víctima, lo cual no es el caso aquí porque ya su nombre lo conoce todo Puerto Rico, además de que falleció.
Vicente, por su parte, señaló que ninguna disposición de la Ley 54 de Violencia Doméstica dice que los procesos serán confidenciales. La confidencialidad se estableció después para proteger la identidad de la víctima, “no para esconder lo que pasa allí”.
Gorrín Peralta, mientras, dijo que el Supremo cometió una irregularidad “crasa” al apropiarse del caso que había sometido la Asppro en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas cuando ya se había citado una vista y “sin que nadie se lo pidiera” y decidiendo en contra de la divulgación sin siquiera darle la oportunidad al gremio periodístico de plantear su caso en una vista.
“Nosotros como familia queremos saber qué ocurrió. Cualquier familia en la situación de nosotros estaría buscando respuestas”
REBECCA NORIEGA COSTAS PRIMA DE ANDREA RUIZ COSTAS