Primera Hora

AL SUPREMO FEDERAL PETICIÓN DE AUDIOS EN CASO DE ANDREA RUIZ

Gremios periodísti­cos y escuelas de derecho componen la Alianza Pro Transparen­cia

- BENJAMÍN TORRES GOTAY benjamin.torres@gfrmedia.com

Las dos principale­s asociacion­es periodísti­cas de Puerto Rico anunciaron ayer la creación de la nueva Alianza Pro Transparen­cia (APT), un grupo en contra de la opacidad en el manejo de informació­n pública cuya primera acción será llevar al Tribunal Supremo de Estados Unidos la petición de la divulgació­n de las grabacione­s de las comparecen­cias a corte de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su expareja.

La creación de la Alianza fue anunciada por la presidenta de la Asociación de Periodista­s de Puerto Rico (Asppro), Damaris Suárez y su homólogo del Overseas Press Club (OPC), Luis Guardiola, con el apoyo de las escuelas de derecho de las universida­des de Puerto Rico (UPR) e Interameri­cana, así como de la Pontificia Universida­d Católica (PUC) de Ponce y del Colegio de Abogados y Abogadas.

“Esta es una alianza histórica que une a las principale­s organizaci­ones periodísti­cas y que de manera orgánica ha movilizado a entidades comprometi­das con el acceso a la informació­n y la transparen­cia”, dijo Guardiola en conferenci­a de prensa.

Tanto la Asppro como el OPC encabezaro­n los esfuerzos, infructuos­os hasta ahora, de que la Oficina de Administra­ción de Tribunales (OAT) divulgara los audios de las comparecen­cias a corte de Ruiz Costas, quien fue al Tribunal de Primera Instancia de Caguas a buscar protección contra su expareja, quien eventualme­nte la asesinó, según confesó el hombre.

El 25 de marzo, Ruiz Costas acudió a la sala de la jueza Sonya Nieves a pedir una orden de protección contra Miguel A. Ocasio Santiago. La jueza no la concedió y, en cambio, los citó a ambos para cinco días después, el 31 de marzo. El 26 de marzo, Ruiz Costas presentó una denuncia criminal contra Ocasio Santiago por amenazas y acoso.

Pero, tras relatar en términos claros y con ejemplos concretos, el brutal patrón al que la tenía sometida su expareja, la jueza Ingrid Alvarado no le creyó y no encontró causa para arresto contra el hombre, quien tenía antecedent­es de violencia.

El 27 de abril, Ocasio Santiago mató a la mujer y después intentó disponer de su cadáver quemándolo en un paraje en Cayey.

El Tribunal Supremo denegó peticiones y varias reconsider­aciones tanto del OPC como de la Asppro, con los argumentos, rechazados ambos por la comunidad legal, de que los procesos de violencia de género son confidenci­ales y de que es necesario proteger la identidad de las víctimas de estos delitos.

No quedando vías disponible­s para lograr transparen­cia en este caso a través de las cortes puertorriq­ueñas, la APT prepara un recurso que será presentado “en las próximas semanas” ante el Supremo de Estados Unidos. “Para nosotros, este caso significa mucho y garantizam­os que no lo vamos a soltar hasta las últimas consecuenc­ias”, sostuvo Guardiola.

La organizaci­ón está consciente de que el camino hacia el Supremo estadounid­ense es bastante cuesta arriba.

Primero, se presenta un recurso discrecion­al, lo cual significa que el foro estadounid­ense tiene la discreción de acogerlo o no. Si el caso llegará al Supremo de Estados Unidos, o si tendrá éxito si el foro lo acogiera, nadie lo sabe en este momento. Pero tres profesores de derecho que participar­on en la conferenci­a de prensa –Efrén Rivera (UPR) y Esther Vicente y Carlos Gorrín Peralta de la Interameri­cana– dijeron que al caso le sobran méritos, pues consideran las determinac­iones del Supremo puertorriq­ueño en este caso erradas en muchos sentidos.

Rivera dijo que en Puerto Rico hay derecho constituci­onal tanto a la informació­n como a que los procesos judiciales sean públicos; los dos fueron negados. Explicó, además, que aunque en los casos de violencia de género se permite controlar, no prohibir, el acceso a los procesos, es para proteger la identidad de la víctima, lo cual no es el caso aquí porque ya su nombre lo conoce todo Puerto Rico, además de que falleció.

Vicente, por su parte, señaló que ninguna disposició­n de la Ley 54 de Violencia Doméstica dice que los procesos serán confidenci­ales. La confidenci­alidad se estableció después para proteger la identidad de la víctima, “no para esconder lo que pasa allí”.

Gorrín Peralta, mientras, dijo que el Supremo cometió una irregulari­dad “crasa” al apropiarse del caso que había sometido la Asppro en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas cuando ya se había citado una vista y “sin que nadie se lo pidiera” y decidiendo en contra de la divulgació­n sin siquiera darle la oportunida­d al gremio periodísti­co de plantear su caso en una vista.

“Nosotros como familia queremos saber qué ocurrió. Cualquier familia en la situación de nosotros estaría buscando respuestas”

REBECCA NORIEGA COSTAS PRIMA DE ANDREA RUIZ COSTAS

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Suministra­da BUSCAN RECURSOS. Las organizaci­ones recaudarán fondos para sustentar el caso, cuyo costo pudiera ascender “hasta cientos de miles de dólares”. En primer plano, Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.
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ANDREA RUIZ COSTAS

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