ABOGAN POR UN CAMBIO EN VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
Un informe, encomendado por Vivienda, persigue modificar las métricas y elevar el nivel de ingreso de los participantes
El Departamento de la Vivienda (DV) y la Administración de Vivienda Pública (AVP) han encomendado la preparación de sendos informes dirigidos a conocer el impacto del alza en costos y en las tasas de interés sobre ciertos programas federales financiados con fondos CDBG-DR y a demostrar al Departamento de la Vivienda Federal (HUD, por sus siglas en inglés) que la métrica utilizada sobre los niveles de ingresos en Puerto Rico para determinar quién cualifica y quién no para vivienda de interés social debe ser aumentada.
La información trascendió ayer durante una vista pública conjuntas de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Representantes. Allí, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez repasó lo que son, a su juicio, los avances en el desembolso del dinero asignado para la reconstrucción. En la audiencia se indicó que todavía hay 3,646 estructuras con techos azules y la meta es que al menos 1,000 familias culminen este año natural el proceso de elegibilidad y se comience, también este año, las reparaciones en el 25% de los elegibles.
Rodríguez indicó también que si bien el presupuesto asignado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es $16 millones menos que el solicitado, la partida al combinar fondos estatales, propios y federales debe ser suficiente para cumplir con las responsabilidades de la agencia.
Por ejemplo, en el área de nómina, la asignación de la JSF es de $5.5 millones menor al solicitado. Esa discrepancia se refleja particularmente entre los empleados asignados al programa CDBG estatal, que no tienen un salario competitivo luego de 15 años sin incremento. Rodríguez anticipó que la entrada del Plan de Reclasificación y Retribución del gobierno, que contempla aumentos, requerirá modificaciones a los presupuestos, incluyendo el suyo.
En relación a los parámetros establecidos para que ciudadanos cualifiquen para vivienda de interés social, Rodríguez indicó que la secretaria de HUD, Marcia Fudge, coincide con la necesidad de elevar el nivel de ingresos ya establecido y, según Rodríguez, esto se puede lograr mediante legislación local.
“Queremos hacer un caso para que HUD aumente el límite de ingreso en Puerto Rico para sus programas”, dijo Rodríguez al referirse a programas de vivienda pública y Sección 8, por ejemplo. Estos niveles de ingreso varían por municipio, no obstante, a preguntas del representante Jesús Santa Rodríguez, el funcionario sostuvo que esos niveles en Puerto Rico son de los más bajos entre las jurisdicciones estadounidenses.
“El límite de ingresos debe ser mayor”, indicó Rodríguez al anticipar que el resultado del estudio sería entregado a HUD y sería publicado.
El otro informe debe ser entregado y corresponde a un examen que realiza la firma Estudios Técnicos sobre el impacto en el aumento en el costo de materiales y de préstamos.
“Hemos visto un aumento en los costos de construcción en Puerto Rico y queremos ver cuál ha sido ese costo y el efecto que podría tener sobre los precios de vivienda de interés
“
Queremos ver si el precio de la vivienda (o el financiamiento) aumenta, si podemos proteger para que haya los compradores que queremos”
WILLIAM RODRÍGUEZ SECRETARIO DE LA VIVIENDA
social y si tenemos que ajustar la legislación, que certifica la vivienda de interés social”, indicó Rodríguez al precisar que esos niveles de costo permiten que los desarrolladores reciban incentivos para construir ese tipo de vivienda.
“Queremos ver cuáles son las repercusiones y qué alternativas tenemos”, dijo.
A preguntas, Rodríguez indicó que el incremento en costos y el alza en la tasa de interés no debe impactar el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) ya que las subastas sobre estos proyectos ya fueron adjudicadas. De un total de 17,000 familias cualificadas, se han atendido con alguna de las tres opciones a 4,765. De una asignación total para R3 de $2,945 millones, se han desembolsado $417.9 millones.
El gobernador Pedro Pierluisi le solicitó ayer a los legisladores a que se unan en un “frente común” contra la Junta de Supervisión Fiscal para evitar que al presupuesto se le corten $100 millones, como propuso el ente federal.
La afirmación la hizo al dejar claro que próximamente hará una expresión formal sobre la propuesta presupuestaria que la Junta le envió a la Legislatura con cambios y recortes que lo alejan del desglose que su administración había realizado de las finanzas que regirían en el gobierno a partir del próximo 1 de julio.
Aun así, de plano sentenció que no dará paso a cambios que dejen a los municipios o a la Universidad de Puerto Rico sin el |dinero necesario para operar.
“Estamos en el proceso de ir línea por línea para ver cuáles son las divergencias o diferencias más grandes entre el presupuesto de la Junta y el mío. Y, entonces, yo me voy a expresar públicamente para identificar las áreas en las que quisiera que la Asamblea Legislativa haga causa común con la Rama Ejecutiva, por el bien del pueblo, porque aquí realmente esto trasciende la política partidista. Aquí ya estamos hablando de una Junta, básicamente, en contra de todos nosotros en ciertas áreas, y es
“
Aquí ya estamos hablando de una Junta, básicamente, en contra de todos nosotros en ciertas áreas”
PEDRO PIERLUISI
GOBERNADOR
cuestión de nosotros unirnos, hacer frente común. Ya lo hicimos el año pasado y dio resultado. Yo lo que espero es que este año ocurra lo mismo, que la Asamblea Legislativa se una al Ejecutivo en algunos de nuestros reclamos y entonces la Junta tenga que ceder. Esto no ha acabado. O sea, esto sigue hasta el 30 de junio (cuando cierra la sesión legislativa)”, señaló en un aparte con la prensa, tras inaugurar un hotel en Isla Verde.
Según anunció la Junta en un comunicado de prensa, el presupuesto contempla un recorte de $100 millones.
Se indicó que su plan incluye unos $12,400 millones para las operaciones diarias del gobierno y asigna cerca del 70% para esfuerzos de educación, seguridad pública, salud, pensiones y desarrollo económico.
La propuesta de Pierluisi fue de $12,573 millones. Este ha aludido que esta cifra la estableció la propia Junta.