SEÑALAN DEFECTOS A PROYECTO DE LEY
Grupos feministas exponen fallas en enmiendas a la Ley de Violencia Doméstica
Un proyecto de ley de la Procuraduría de las Mujeres (OPM) que propone penas fijas, limitar los programas de desvío e imponer grilletes electrónicos hasta que se complete el programa de reeducación al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, fue objetado hoy por el Proyecto Matria y Taller Salud.
Las organizaciones feministas advirtieron que la medida tiene defectos y que “la mano dura” se aleja del enfoque de rehabilitación y prevención para atajar el problema de violencia de género.
También señalaron contradicciones en la pieza legislativa, pues a pesar de que el título de la medida habla de aumentar las penas, la propuesta en sí lo que busca es especificar las penas de la Ley 54, que es una ley especial, a la luz de los cambios al Código Penal.
La medida fue evaluada ayer en una vista pública en la cual la OPM no pudo proveer datos a la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre los transgresores de la Ley 54 acogidos a programas de desvío, casos de reincidencia y los que están actualmente bajo supervisión electrónica. La Procuraduría tampoco ofreció estadísticas sobre los casos de la Ley 54 que se caen o prosperan en los tribunales.
La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, no asistió a la audiencia “por compromisos previos” y estuvo representada por el abogado de la agencia, Ángel Rodríguez Nazario.
“Ante la violencia rampante hacia la mujer, nos hubiera gustado que la licenciada Boria hubiese estado presente. Hay un País que reclama su presencia en estos espacios cuando es evidente que hay una ola de violencia”, reclamó la senadora y presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Gretchen Hau.
El licenciado Rodríguez Nazario indicó, por su parte, que la medida persigue espeficar unas penas fijas en la Ley 54, que el asunto del desvío se limite a alegaciones de culpabilidad y que durante toda la etapa del procedimiento se imponga supervisión electrónica, sin discreción judicial.
Sostuvo que, actualmente, bajo la Ley 54, las penas “están clasificados en grados” y deben ser atemperadas al formato de penas fijas como están en el Código Penal.
“Hay necesidad que eso se aclare en la Ley 54 para que no necesitemos del Código Penal. Sería mejor que la Ley 54 establezca las penas específicas que están imponiendo”, dijo en referencia a los delitos clasificados de maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza, restricción a la libertad y agresión sexual conyugal.
El abogado indicó que la medida busca que la persona agresora que quiera someterse a un programa de desvío venga obligada a hacer alegación de culpabilidad. Actualmente, la ley dispone que un primer ofensor se pueda acoger automáticamente a un programa de desvío. La pieza legislativa reitera que el incumplimiento de las órdenes de protección constituye delito grave con pena de entre 6 a 8 años de cárcel y que los infractores de la ley que resulten convictos mediante fallo, o veredicto de culpabilidad, no podrán acogerse a libertad a prueba o sentencia suspendida.
¿Cuántas personas se han acogido al desvío? ¿Cuántos programas hay ahora mismo vigentes?, le preguntó la senadora Hau, quien además, recordó que la OPM es la que certifica los programas de desvío.
“De que la OPM tiene la facultad para solicitar información la tiene, por la ley habilitadora, tiene funciones fiscalizadoras que esa información la pudiera solicitar. No obstante, como el asunto que íbamos a discutir era el proyecto y los cambios a la ley, esos asuntos específicos los tendríamos que solicitar”, dijo Rodríguez Nazario, quien tampoco pudo decir cuántos sumariados de la Ley 54 tienen colocados actualmente grilletes electrónicos.
Hau le otorgó tres días laborables para someta estos datos a la Comisión, al igual que las estadísticas sobre reincidencia.
En una vista del Comité de Seguridad Pública del Senado sobre supervisión electrónica, presidida por Henry Neuman, trascendió ayer que 372 personas tienen grilletes electrónicos por casos de violencia doméstica, según datos provistos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
“Estoy sorprendida con la participación de la OPM porque parecería estar totalmente desvinculada de la ley que creó esa oficina y los deberes que le han sido adjudicados por ley. Parecería que la Oficina no está al tanto de la ley que le da sus funciones ni de lo que ha pasado en los últimos años”, expresó la licenciada Amárilys Pagán, del Proyecto Matria.
Pagán sostuvo que entre las funciones de la OPM está el supervisar la implementación de la Ley 54 y rendir unos informes anuales.
“Eso quiere decir que si no tiene información de primera mano tiene el deber de solicitarle a las agencias de gobierno que le suministren esa información y que todas las preguntas que se quedaron sin contestación en la mañana de hoy (ayer) pudieran ser contestadas sin ningún tipo de dilación porque esa es su función”, indicó la abogada feminista al añadir que, “una de la razones por las que existe (el comité) PARE es porque la OPM dejó de hacer eso hace años y PARE está haciendo lo que originalmente se hacía en la OPM”.
Mientras, Tania Rosario Méndez, de Taller Salud dijo que en 2019, la propia Procuradora de las Mujeres informó que 25 de 26 programas de desvío no tenían licencias vigentes para su operación.
“Reiteramos que limitar las instancias en las que estará disponible el desvío solo favorece a la parte agresora y no genera un proceso de justicia restaurativa para la sobreviviente”, indicó para agregar que el proyecto “presenta deficiencias y no recoge las voces de las personas afectadas por esta manifestación de la violencia de género.