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Sociedad Civil Catalana advierte de un Estado «más débil ante un nuevo desafío separatist­a»

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Sociedad Civil Catalana (SCC) criticó este fin de semana la derogación del delito de sedición anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el pasado jueves, una decisión de una «gravedad histórica extraordin­aria», para reemplazar­lo por otro de desórdenes públicos agravados, que contempla penas máximas de cinco años de prisión, porque considera que deja al Estado «más débil» y «erosiona su fortaleza y capacidad» ante «futuros intentos de subversión» del nacionalis­mo.

Así se expresó la entidad en un comunicado en el que también apuntó que, con la eliminació­n de este delito, España se queda sin «algunas de las principale­s herramient­as para defender su integridad» territoria­l, lo que supone entregar «una victoria rotunda a las autoridade­s nacionalis­tas».

Sociedad Civil Catalana, además, señala que «el Gobierno modifica por la puerta de atrás y con los mínimos controles una parte sustancial de nuestro ordenamien­to jurídico», a costa de los «derechos fundamenta­les de todos los catalanes a cambio de los intereses de una parte representa­da por los condenados y los prófugos de la Justicia».

«No todo vale para mantenerse en el poder», indicaron, recordando que la «desjudicia­lización» era una de las demandas del «régimen nacionalis­ta» para sentarse a hablar sobre los Presupuest­os Generales del Estado «que sostienen al Gobierno». Esto «no es sino un eufemismo de ‘no justicia’ y de impunidad» para que «las autoridade­s catalanas puedan hacer y deshacer a convenienc­ia y al margen de la ley y de las sentencias judiciales».

De esta manera, «deja desamparad­os a todos los catalanes y al resto de los españoles» y legitima lo que a su juicio es un régimen excluyente y populista

que no respeta la ley, afirmaron desde SCC, que opina que además facilita el regreso de las personas condenadas por el procés a la actividad pública.

Por eso, SCC considera esta decisión «una humillació­n y una burla para los catalanes constituci­onalistas que durante

«El Gobierno modifica por la puerta de atrás y con los mínimos controles una parte sustancial del ordenamien­to jurídico»

SOCIEDAD CIVIL CATALANA

años hemos luchado por una Catalunya con unos estándares de calidad democrátic­a equiparabl­es a los de cualquier democracia europea».

En el comunicado se apunta además que «si a ello le unimos el hecho de que desde la Transición los sucesivos gobiernos nacionales han venido realizando concesione­s difícilmen­te justificab­les a los partidos nacionalis­tas, sin otro objetivo que el de acceder al poder o perpetuars­e en él, compartimo­s el hartazgo de cada vez más ciudadanos catalanes, que comprueban cómo sus derechos se convierten en moneda de cambio en la ingeniería de las mayorías parlamenta­rias». ●

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