Carmelo Encinas
El efecto sedición
Si había alguna posibilidad de que Sánchez y Feijóo normalizaran su relación hasta situarla en la lógica institucional, a que la racionalidad obliga, la modificación del Código Penal en lo relativo al delito de sedición, y no digamos si tocaran el de malversación, hace que perdamos toda esperanza. El proyecto de ley presentado en el Congreso para sustituir ese título por el de desórdenes públicos agravados ha desatado reacciones tan adversas y radicalmente opuestas a izquierda y derecha que aleja cualquier atisbo de entendimiento en asuntos de mayor preocupación para la ciudadana que requerirían cuando menos un mínimo consenso.
La lista es larga, desde la política exterior, marcada por las derivadas de una guerra en la que estamos de alguna forma implicados, hasta la energética y el cambio climático pasando por lo relativo a la inmigración, la educación o el futuro de las pensiones. Son muchos los asuntos donde la ideología ha de pesar necesariamente menos y en los que sería altamente beneficioso para el bienestar general que hubiera acuerdos de amplio espectro. Por desgracia no va a ocurrir, estamos ya en periodo electoral. El Gobierno va a defender su iniciativa legislativa como una medida valiente para culminar el proceso de normalización de Cataluña, y el jefe de la oposición hará lo suyo presentándola como una traición a España. Argumentos no les faltan para justificar sus posiciones.
El líder del PP no habrá de esforzarse mucho en convencer a quien le escuche de que el cambio que se propone en el ordenamiento jurídico responde a un acuerdo político con ERC que le garantiza una mayoría cómoda para sacar adelante los Presupuestos Generales. Núñez Feijóo incidirá en que la reforma planteada abarata penalmente los ataques a la Constitución y que de alguna forma legislan delitos a la carta por exigencia de quienes los alentaron. Por el contrario, Pedro Sánchez negará la mayor y defenderá a capa y espada que la pretensión de la reforma es resolver la disfunción en la cooperación judicial con Europa, que ha impedido traer a Puigdemont a España para que fuera juzgado por la presencia en nuestro ordenamiento de tipos penales inexistentes en la mayoría de los Estados integrantes de la UE. Sánchez reivindicará, además, su papel en la descongestión del conflicto catalán, comparará hasta la saciedad la situación de 2017 con la actual y esgrimirá, a buen seguro, las encuestas en Cataluña que corroboran una persistente caída del apoyo a la independencia y un derrumbe de los partidarios de la vía unilateral.
El presidente del Gobierno tendrá que enfrentarse al disgusto públicamente mostrado por sus barones de Aragón y Castilla-La Mancha, cuyo electorado es reticente a cualquier entente con los independentistas, pero consolidará a cambio las buenas expectativas del PSC y su líder, Salvador Illa, en Cataluña.
En el lado soberanista, el afeitado a la sedición, aunque lejos de la supresión total que exigían los republicanos de Junqueras, supone un impulso estratégico a sus expectativas frente a los ya depauperados líderes de Junts contrarios a la ‘mesa de diálogo’ y que caen a plomo en los sondeos por sus miserias externas e internas.
Está por ver la capacidad de convicción que tendrán los argumentos de unos y otros, y con las elecciones municipales y autonómicas en ciernes asistiremos a buen seguro a una cabalgata hiperbólica en los medios cuyo recorrido en el tiempo no será, sin embargo, mayor que el que desataron los indultos. Hay demasiadas preocupaciones en nuestro país para darle al organillo de la sedición hasta el mes de mayo. ●