Los juristas advierten sobre el peligro de «limitar la malversación»

Apenas había dado tiempo a discutir sobre la reforma del delito de sedición que el Gobierno de Pedro Sánchez negoció con el partido de Pere Aragonès, cuando se conoció que Esquerra piensa presentar una enmienda para incluir la modificación del otro delito que afecta a algunos de los líderes del procés: el de la malversación. Un cambio legal que ERC negocia disimuladamente con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y sobre el que ninguna de las partes se atreve a adelantar nada.

Teniendo en cuenta el extensísimo historial de casos de corrupción que se han producido en España durante las últimas décadas, todas las formaciones políticas se abstienen de ofrecer una posición clara sobre una reforma delicada, porque «podría suponer una rebaja en las penas de los condenados» y obstaculizar la investigación de delitos, según confirman a 20minutos diversas fuentes jurídicas. Las mencionadas fuentes indican que los delitos relacionados con la corrupción «son muy difíciles de probar». En consecuencia, muchas veces los jueces se topan con la imposibilidad de aplicar condenas por corrupción o cohecho y tienen que acudir a delitos más leves como la prevaricación, la malversación o el delito fiscal. «El enriquecimiento personal es muy difícil de demostrar», advierten, con lo que establecer esta condición para aplicar el delito de malversación podría dificultar «futuras condenas» y provocar «excarcelaciones o absoluciones».

Cabe recordar, en este sentido, que desde 2015 se han ejecutado hasta 599 condenas por malversación, un delito que afecta, entre otros, a los propios parlamentarios designados a votar su eventual reforma. Entre los posibles beneficiados por esta modificación de la ley estarían los condenados por malversar dinero público utilizándolo para el referéndum ilegal de Cataluña, entre ellos Oriol Junqueras, que permanece inhabilitado para el ejercicio de cargo público a pesar de haber sido indultado y liberado de la pena de prisión.

Pero la reforma podría afectar también a Francisco Correa, condenado por la trama Gürtel; Iñaki Urdangarín y Jaume Matas, por su condena en el caso Nóos, o el socialista andaluz José Antonio Griñán,

pendiente de entrar en prisión como parte del caso de los ERE.

«Por lo que se ha dicho de la reforma, parece que su intención es rebajar las penas de los que desvían fondos públicos y no se los quedan, lo cual llevaría a rebajas de penas como con los abusos sexuales», explica la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mercedes Arán. Tanto ella como el resto de fuentes consultadas advierten, sin embargo, de que «todavía no se conoce el contenido de la reforma» y, por lo tanto, hay que tener cautela a la hora de hablar de «especulaciones». ●