El Gobierno amaga con renovar el TC solo y el PP duda de su legalidad
El mandato de cuatro jueces ha caducado y al no haber acuerdo para el CGPJ, su sustitución queda en vía muerta
El mandato de cuatro de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional caducó este domingo sin visos de una pronta sustitución, debido a la falta de acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano al que corresponde el nombramiento de dos de los asientos ocupados ahora en régimen de interinidad. La ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmó ayer que ve «bastante viable» que el Gobierno, a quien compete la propuesta de los dos magistrados restantes, proceda a renovar su cuota en solitario, un movimiento cuya legalidad el PP no ha tardado en cuestionar y que, de producirse, acrecentaría la maraña judicial. Mientras la titular de Justicia ha apoyado la intención del Gobierno en la necesidad de «cumplir con la Constitución», que incluye la renovación a tiempo de los órganos constitucionales, los populares defienden que, según la Carta Magna, ahora tocaría renovar a los magistrados designados por el Ejecutivo y por el CGPJ en su conjunto y no apoyan que se nombrara ahora solo a dos de ellos a la espera de que el desbloqueo político permitiera la renovación de los otros dos. «Es constitucionalmente inviable», declaró ayer el consejero de Justicia de Ma
drid, Enrique López, mientras el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, lo calificó de «paso arriesgado desde el punto de vista constitucional».
Ambos responsables del PP culparon de esta situación a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada en marzo del año pasado, y que impide que un CGPJ caducado pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, como los que ahora se requieren en el TC.
Los cuatro magistrados cuyo mandato ha expirado ya son Pedro González-Trevijano, presidente del TC; Juan Antonio Xiol, vicepresidente del órgano; Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Los dos primeros fueron propuestos en su día, allá por 2013, cuando el PP contaba con mayoría absoluta en el Congreso, por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que Xiol y Martínez-Vares fueron los nominados por el CGPJ, que en estas ocasiones suele proponer un magistrado conservador y otro progresista. Se da por hecho que el actual Ejecutivo propondría dos nombres progresistas, que sumados al candidato del CGPJ, revertirían la proporción actual y permitirían al Ejecutivo asegurarse una mayoría más indulgente con las leyes y decretos que la oposición, sobre todo Vox, está impugnando, que van desde la ley de la eutanasia hasta la de educación.
De efectuarse la maniobra sugerida por la ministra de Justicia, el debate se trasladaría al pleno del TC, que tiene que dar el visto bueno a los candidatos propuestos antes de proceder al nombramiento definitivo, aunque también existen dudas sobre si jurídicamente los propios magis- trados podrían bloquear los dos nombres propuestos por el Gobierno en solitario. También podría darse el caso de que la propuesta gubernamental prosperara, pero fuera recurrida por algún partido ante el propio órgano constitucional. La única solución que despejaría todas las dudas sería el desbloqueo político de la renovación del CGPJ. ●