La nueva ley de Sanidad limitará la privatización a casos excepcionales

El Consejo de Ministros dio ayer el primer paso para la aprobación de la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad de la Sanidad que limitará la privatización de la sanidad pública una vez que termine su trámite parlamentario. La norma general será la gestión pública y la gestión indirecta pasará de ser sustitutoria como ahora a únicamente complementaria, es decir, cuando no haya otra opción. El Gobierno no ha llegado a deshacer las privatizaciones, aunque ha incluido en el proyecto de ley una disposición que prevé una reforma legal posterior para «facilitar» que las comunidades que lo deseen puedan deshacer privatizaciones ya hechas.

Según explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la norma relega a la gestión indirecta –privada– a un papel «excepcional», cuando la comunidad en cuestión justifique la necesidad de que un centro público sea gestionado por una empresa privada. La medida no afectará al régimen específico previsto para las mutualidades de funcionarios.

Una vez aprobada la norma, la ministra pactará con las autonomías en el Consejo Interterritorial qué criterios determinarán que se autorice la privatización de un servicio sanitario, pero no se revertirán acuerdos de gestión ya suscritos entre Administraciones y empresas privadas.

La sanidad privada ha criticado estos planes del Gobierno, que también contaron con la oposición firme de uno de los socios de la coalición, de Unidas Podemos, cuando hace unos meses se presentó el anteproyecto de ley. Ayer mismo, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, insistió en que esa «excepcionalidad» de la ley «es lo suficientemente laxa como para que cualquier gobierno de derechas siga privatizando lo que quiera».

Por su parte, la nueva ley sanitaria cerrará el paso a futuros copagos y ampliará los colectivos que podrán acceder a la asistencia sanitaria pública, como españoles residentes en el exterior o personas desplazadas temporalmente. ●