El Gobierno plantea subir a 30 años el cómputo de las pensiones
El departamento de Pilar Alegría plantea también incrementar de 1.600 a 2.500 euros la beca de residencia
Unos 241.000 alumnos con necesidades educativas especiales recibirán una beca extra de 400 euros a partir del curso 2023-2024. El subsidio no dependerá ni de las rentas de las familias ni de los resultados académicos de los estudiantes y se concederá de forma automática y sin perjuicio de ser beneficiarios de otras becas. Así consta en el borrador del proyecto de real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y las cuantías de las becas para el próximo curso.
Aproximadamente un 31% de los 750.000 alumnos con necesidades educativas que actualmente requieren apoyo educativo en España recibirán esta prestación, siempre y cuando hayan sido acreditados como tal mediante el proceso habitual. Se incluyen aquí estudiantes con algún tipo de discapacidad o trastornos graves de conducta o del lenguaje. Esta beca extra será tanto para los alumnos integrados en la educación ordinaria como aquellos matriculados en centros de Educación Especial, y es además compatible con cualquier otra ayuda que ya perciban.
La otra novedad del documento al que ha tenido acceso 20minutos es el incremento de la cuantía de la beca de residencia para estudios postobligatorios. Esto es, para estudiantes –en su mayoría de universidades, Formación Profesional o Bachillerato– que se han tenido que trasladar a otra provincia o comunidad para estudiar y deben costearse el alojamiento. De este modo, el departamento dirigido por Pilar Alegría aumenta para el próximo curso estas ayudas en 900 euros: pasarán de recibir los 1.600 euros actuales a los 2.500 que se fijan para 2023-24. Desde el Ministerio de Educación calculan que se beneficiarán en torno a 128.000 alumnos (21.000 no universitarios y 107.000 universitarios).
Esta medida va especialmente dirigida a la España vaciada, a las familias de entornos rurales cuyos hijos habitualmente tienen que desplazarse y vivir en otras ciudades para continuar sus estudios. «Esto supone un sobrecoste para ellas y un factor de desigualdad entre las ciudades y las áreas rurales», incide el texto.
Pero al documento todavía le queda recorrido por seguir antes de ser definitivamente aprobado por el Ejecutivo. Acaba de iniciar su tramitación y, tras abrirse una consulta pública y recibir las aportaciones de los órganos preceptivos, deberá ser aprobado en el Consejo de Ministros. El objetivo de Educación es que se publique en el mes de febrero de 2023 para que quienes así lo deseen puedan solicitarlo en marzo y percibir la beca una vez arranque el próximo curso escolar. ●
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social planteó ayer a los agentes sociales una extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión, que supondrá elevarlo de los 25 años actuales a 30 años, pudiendo elegir los mejores 28 años. Según fuentes del Ministerio que dirige José Luis Escrivá, el cambio «se realizaría de manera progresiva» e iría acompañado de una mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Se trata, señalan, de un «propuesta inicial» del Gobierno, que ahora queda sujeta a la negociación con patronal y sindicatos, que ayer se retomó con el objetivo de cerrar estas medidas comprometidas con Bruselas.
El Gobierno también propuso un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos. Junto al periodo de cálculo para la pensión
–que ya se extendió de 15 años a 25 años en la reforma del 2011– también se plantea vincular la evolución de la base máxima al IPC, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, un aumento que irá acompañado de una mejora de la pensión máxima. El Gobierno incide en que se trata de «un punto de partida» que está abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días.
CCOO rechazó ayer la necesidad de una ampliación del periodo de cálculo –un punto que no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo– cuando se acaba «de culminar el desarrollo de la extensión anterior» y sin la «certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto». El sindicato sí valora la vinculación de las bases máximas al IPC, aunque reclama «medidas más intensas para el incremento de ingresos contributivos». ● 20M.ES/NACIONAL Consulte todas las noticias relacionadas con la actualidad nacional en 20minutos.es