La ley de trata castigará con cárcel a los puteros y dará más protección a las víctimas
LA NORMA, impulsada por Justicia, supera el primer trámite en el Consejo de Ministros tras un año de espera EL TEXTO garantiza la reinserción laboral y la protección de las víctimas sin que haga falta denunciar
La pena para los clientes y aquel que se lucre de la prostitución o destine algún inmueble a la explotación ajena podrá llegar a los cuatro años, según el anteproyecto de ley aprobado ayer, y que contempla medidas sociales de reinserción para las víctimas.
La futura ley contra la trata castigará con penas de hasta cuatro años de cárcel a los puteros y a todo aquel que se lucre de la prostitución o destine algún inmueble a la explotación ajena. Es lo que establece el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó ayer y en el que, más allá de endurecer la persecución de todas las formas de trata de seres humanos (explotación sexual, matrimonio forzado, explotación laboral o tráfico de órganos), nace con el afán de garantizar y fortalecer la protección e inserción sociolaboral de las víctimas a través de un amplio paquete de medidas. La norma –impulsada por el Ministerio de Justicia y copropuesta junto a los de Igualdad, Interior e Inclusión– supera su primer trámite más de un año después de que el Ejecutivo anunciara el inicio de los trabajos y tras posponer su primera vuelta hasta en dos ocasiones. Es, según destacó la titular de Justicia, Pilar Llop, una ley fruto del «consenso interdepartamental» y que acaba con la «dispersión normativa» existente.
Los socios de Gobierno lograron alcanzar el lunes un acuerdo a última hora sobre uno de los flecos que faltaban por pulir. Unidas Podemos consideraba «imprescindible» que el texto incluyera la posibilidad de que las víctimas de trata sin papeles puedan acceder a un permiso de residencia y trabajo, sin necesidad de interponer una denuncia. Y es que uno de los ejes vertebradores de la ley es la creación de un Mecanismo Nacional de Derivación (MDN) encargado de la «inmediata» detección y derivación de las víctimas a los servicios especializados de asistencia y protección. Mediante este sistema, el Gobierno pretende facilitar el acceso de las víctimas a sus derechos, ayudas y servicios asistenciales, una vez hayan sido acreditadas como tal.
La ley establece una reforma del Código Penal inspirada en países como Alemania o Francia, y en la que regula los delitos de trata concretando la finalidad de la explotación en los trabajos o servicios forzosos, la servidumbre y la esclavitud. En este sentido, el anteproyecto impone penas de prisión de uno a cuatro años a quien «haga uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima» de esas conductas. Se incluyen aquí, por tanto, a los puteros. La misma pena de uno a cuatro años de prisión se le impondrá también a quien «promueva, favorezca o facilite» la explotación ajena, alquilando «lugares de alojamiento de las víctimas».
Más duros son los castigos para los responsables directos de la explotación ajena. En este sentido, el texto contempla penas de prisión de cinco a ocho años para quien, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad y vulnerabilidad de la víctima, la obligue a realizar cualquier trabajo o servicio. En este sentido, se elevan también los castigos para aquellos tratantes (los proxenetas) que mantengan a la víctima en un estado de «dependencia» y «sometimiento», restringiéndole su libertad de movimientos. A estos se les castigará por delito de servidumbre con la pena de prisión de 6 a 9 años. Además, se penará con prisión de 8 a 12 años por un delito de esclavitud a quien «someta» o «mantenga» a una persona en una situación «de absoluta disponibilidad sobre ella». ●