El CGPJ cumple 4 años de bloqueo en pleno choque con Moncloa
EL PODER JUDICIAL no se ha renovado ni ha cumplido su mandato de sustituir a magistrados del Constitucional LA ÚLTIMA NEGOCIACIÓN entre el PSOE y el PP se rompió por la decisión del Gobierno de suprimir el delito de sedición
El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplió ayer cuatro años. Todas las negociaciones entre PSOE y PP para renovarlo han acabado frustradas. Y es necesario un entendimiento, ya que se necesita una mayoría cualificada de tres quintos, tanto en el Congreso como en el Senado. El retraso, además, ha llevado a un choque nunca visto entre el Poder Judicial y el Gobierno.
Los pocos acercamientos entre los dos partidos han sido inútiles. Los de Pedro Sánchez apuntan a los populares como responsables de la situación, con el argumento de que no quieren perder la mayoría conservadora que hay en el órgano de gobierno de los jueces. Por su parte, el PP esgrime, desde la etapa de Pablo Casado, que se necesita cambiar la forma de elección de los vocales, como indica la UE. El Gobierno puso en marcha una estrategia en marzo de 2021 para aumentar la presión sobre el principal partido de la oposición: un cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dejó al CGPJ limitado para realizar nombramientos discrecionales de magistrados mientras está en funciones.
El siguiente punto de inflexión llegó a mediados de 2022. El 6 de junio parecía que el acuerdo político, ya con Alberto Núñez Feijóo a los mandos del PP, estaba cercano, pero se produjo de nuevo una ruptura.
Las reuniones se mantuvieron con el telón de fondo de la necesidad de renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional: dos por parte del Ejecutivo y dos por el CGPJ. A través de un cambio legal exprés, Sánchez consiguió liberar las manos del CGPJ, pero solo para nombrar en el Constitucional. Esta nueva reforma marcaba el 13 de septiembre como fecha límite para seleccionar a esos magistrados para el TC. Pero la vuelta de vacaciones fue accidentada. El 7 de septiembre, en la apertura del año judicial, el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, dejó caer la posibilidad de dimitir. Mientras, el órgano escogió una comisión negociadora para desatascar la situación, aunque el bloque conservador advirtió de que no se marcaría calendario.
A finales de septiembre, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, llegó a España y transmitió dos ideas: era urgente renovar el CGPJ y cambiar el sistema de elección de sus vocales. Tras esta visita, y con las cuatro vacantes del TC sin cubrir, Lesmes se marchó, forzando a Sánchez y Feijóo a sentarse de nuevo…, pero sin resultados. Su salida, el 10 de octubre, motivó que los vocales del Consejo apartaran la negociación sobre el Constitucional y empezaran con la del nombramiento de un sustituto. Un nuevo motivo de discusión que culminó con Rafael Mozo como presidente interino y Francisco Marín como presidente interino del Tribunal Supremo (Lesmes ocupaba ambos puestos). Esto está aún pendiente del aval del TS.
Entre tanto, Sánchez y Feijóo parecían rozar un acuerdo para renovar, esta vez sí, el Poder Judicial. Pero en la negociación de los Presupuestos salió a relucir una promesa de investidura del presidente: la reforma de la sedición, y Feijóo rompió los puentes. El Gobierno decidió la pasada semana nombrar a los dos magistrados que debe designar Moncloa para el TC, sin esperar a que el CGPJ tenga a los suyos. Esto ha generado una polémica añadida por ser dos perfiles cercanos a la órbita socialista: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex alto cargo de Presidencia. ●