Elda Mata «La sedición es una moneda de cambio por unos cuantos votos»
Elda Mata preside Societat Civil Catalana desde el mes de abril. Es empresaria, nacida en Barcelona y reside en una pequeña población de Girona
En los siete meses que lleva como presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata ha tenido que adaptar su agenda en diversas ocasiones, a golpe de actualidad. La más reciente, por el anuncio de supresión del delito de sedición; anteriormente, por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre la aplicación del 25% del castellano en las aulas catalanas.
Tanto el Gobierno como la Generalitat defienden que eliminar el delito de sedición favorecerá el diálogo entre catalanes, y también entre Cataluña y España. ¿Lo comparte?
La supresión del delito de sedición acordada por el Gobierno de España y el de la Generalitat solo favorece el diálogo entre ellos. Si esta decisión tuviera como objetivo el diálogo y una mejora de la legislación, se hubiera llegado a un pacto de Estado y no a un acuerdo con un partido que promulga independizarse de España. Los derechos de los catalanes no son negociables. La supresión de la sedición es una moneda de cambio por unos votos en el Congreso.
¿Qué opinión le merece que se sume ahora la petición de ERC de reformar el delito de malversación?
El nacionalismo no ha ocultado nunca su hoja de ruta. Después de 40 años de gobiernos que han cedido a las peticiones hechas desde la deslealtad no nos puede sorprender que estén ya trabajando en el siguiente punto de su lista. Es una muestra más de que el resultado de la política de apaciguamiento es el fracaso.
El independentismo no necesita que se le allane el camino para continuar desafiando al Estado de Derecho. Adaptarán su estrategia a las condiciones de cada momento. La gravedad de la supresión del delito de sedición radica en el debilitamiento del Estado al restarle herramientas para su defensa.
Enmarco sus declaraciones en la estrategia que más convenga a su interés personal y partidista. Como siempre.
El nacionalismo es una ideología supremacista y excluyente. Y si un gobierno está supeditado a una ideología nacionalista deja de tener como objetivo el bienestar y el progreso de todos sus ciudadanos, propiciando la decadencia económica y social.
El PP propondrá que la sedición se mantenga como ilícita y «se introduzca de nuevo como delito cualquier convocatoria ilegal». ¿Lo consideran suficiente?
No entramos a juzgar si los partidos deben ir más o menos lejos en sus iniciativas, si no en instarles a que reflexionen sobre propuestas globales que refuercen la responsabilidad del Estado en cuanto a perfeccionar el marco legal que delimite los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos en un estado democrático.
El Parlamento Europeo enviará en 2023 una misión a Cataluña para evaluar la situación del castellano en las aulas. ¿Cómo valoran esta decisión?
Por un lado, estamos satisfechos de que se investigue la situación, de que deje de haber impunidad, y cese el castigo a los alumnos catalanes que son considerados ciudadanos de segunda por la Generalitat por tener el castellano como lengua materna. Pero, por otro, como española preferiría no haber llegado a este punto. Si se hubieran cumplido las sentencias en el marco del Estado de Derecho, no necesitaríamos que vinieran de fuera a cerciorarse de si hacemos las cosas bien. No es un motivo de orgullo para España que tenga que venir una comisión de la UE porque no se cumple la ley en Cataluña.
¿Considera entonces que la situación en Cataluña no está normalizada?
Existe interés en demostrar que sí. Como no quemamos contenedores… Pero la realidad es que la falta de derechos sigue siendo la misma: la normalidad en los patios de las escuelas públicas catalanas sigue sin existir. Al final, las asociaciones civiles somos las que tenemos que defender los derechos constitucionales de los hispanohablantes porque el Gobierno no lo está haciendo.
Y ¿qué debería hacer el gobierno de España para defender esos derechos?
Asumir sus responsabilidades como garante de los derechos y libertades de todos los españoles, incluidos –por supuesto– los que vivimos en Cataluña. No podemos ser moneda de cambio. Llevamos decenas de años sin existir. Somos la sociedad civil, queremos vivir en Cataluña pero con los mismos derechos que todos los demás.
Sobre la aplicación del 25% de castellano en las escuelas, el TSJC ordena a los centros que apliquen la sentencia (lo ha solicitado en 26 escuelas, según datos de Educación) y el Constitucional revisará la nueva ley de Educación catalana. ¿Cómo lo están viviendo las escuelas?
Estamos luchando escuela por escuela para que se aplique la sentencia. Estamos indignados porque no se cumpla, tras un procedimiento que se inició en 2010. Cuántos niños, cuántos padres han sufrido la persecución del español en Cataluña. Hablamos de un derecho fundamental, no de un capricho. En Cataluña hay alumnos discriminados por razón de lengua. ¿Dónde está eso en nuestra Constitución?
«No es un orgullo para España que venga una delegación europea para ver si se cumple la ley»
«El independentismo no necesita que se le allane el camino para continuar desafiando al Estado de Derecho»
«El resultado de la política de apaciguamiento es el fracaso»
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