Dudas acerca de la constitucionalidad de la derogación del delito
La Asociación de Fiscales (AF) denunció ayer que la reforma de la sedición planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez «supone una desprotección del orden constitucional» en tanto que «responde a intereses o situaciones concretos». En referencia a las negociaciones en torno a este cambio legal, que atiende a las exigencias de ERC y que beneficiaría a los líderes del la asociación mayoritaria de fiscales alega que «no es en ningún caso admisible una reforma del Código Penal que responda a intereses o situaciones concretas». procés,
Según los fiscales, esta modificación demuestra el desconocimiento de «un principio básico del Derecho, que no admite leyes singulares que, por tanto, serían de muy dudosa constitucionalidad». La asociación considera, por tanto, que al margen de lo adecuado o erróneo de la reforma, el hecho de que esté pensada ad hoc para el beneficio de los líderes independentistas la convierte en inconstitucional.
A través de un comunicado en el que se recogen las principales conclusiones de su última reunión, la AF declaró que una reforma de «este calado» debería tramitarse con sosiego y «recabando los informes del CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal». El texto sale además en defensa del actual tipo, alegando que «se ha mantenido en todos los códigos penales» de España, incluyendo el de 1995, «conocido como el Código Penal de la democracia».
El documento firmado por la comisión ejecutiva de la AF rebate además al Ejecutivo en su discurso sobre la necesidad de adecuar el tipo penal a los estándares del Derecho europeo. Si bien el Gobierno de Sánchez defiende que el delito de sedición está anticuado y es imprescindible adaptarlo a nuestros tiempos y a la legislación de otros países europeos, la Asociación de Fiscales responde que «no es cierto que el Derecho de la Unión Europea exija» esa reforma. La asociación tampoco considera que sea verdad «que las penas previstas para el delito de sedición sean superiores a las penas previstas para las conductas que se tipifican en otros países de la Unión Europea». «Tanto el informe de indulto de la Fiscalía como el de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo ya lo pusieron de manifiesto», zanja el comunicado.
Con esta crítica desde el sector de los fiscales comienza una semana complicada para el Ejecutivo, que verá su propuesta para la reforma de la sedición sometida a debate en el Congreso de los Diputados este mismo jueves, coincidiendo con el debate de los Presupuestos.
La propuesta del Gobierno consiste en derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión (frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente) e inhabilitación de 6 a 8 años (frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual).
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