Andalucía activa la mediación penal pública en cinco provincias
El nuevo Servicio de Mediación Penal para Andalucía (Sempa), público, gratuito y universal, ha comenzado a funcionar ya en Sevilla, Almería, Jaén, Huelva y Granada; y se extenderá por el resto de las provincias andaluzas después de este verano, según precisaron ayer fuentes de la consejería de Justicia.
Esta medida, promovida por la Junta, persigue impulsar la resolución extrajudicial de conflictos como vía alternativa a la judicial, toda vez que la región andaluza es la segunda comunidad con mayor tasa de litigiosidad, 156,8 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2023, tan solo superada por Canarias.
Ello provoca una «sobrecarga de trabajo a los órganos judiciales», según denunció recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.
En esta línea, el consejero del ramo, Antonio Nieto, defendió que «fomentar alternativas a la resolución judicial liberará de carga de trabajo a los juzgados», al tiempo que destacó que la mediación «ahorra costes, tiempo y ofrece una solución satisfactoria para las partes».
El Sempa se ubica en las sedes judiciales de las capitales, cuenta con un servicio itinerante y un equipo de tres expertos en cada provincia. Además de un
protocolo de derivación judicial, elaborado por la Junta en colaboración con jueces, fiscales y letrados y que ha remitido a los órganos competentes para su aprobación. Este documento propone comenzar con los delitos leves, siguiendo las experiencias de Navarra o País Vasco, donde ya existe este servicio.
Delitos derivados al Sempa
A la mediación penal se pueden derivar asuntos relacionados con cualquier tipo de delito salvo los de violencia de género o sexual, donde está vetado legalmente. Asimismo, estará en coordinación con otros servicios relacionados de mediación. Cabe recordar precisamente su inclusión en el sistema de Justicia Gratuita desde el 1 de enero, que beneficia, además de a los ciudadanos, a los letrados y procuradores del turno de oficio que propician estos acuerdos, percibiendo 400 euros.