El BBVA lanza una OPA hostil para absorber el Banco Sabadell con la oposición del Gobierno
Vasca está negociando directamente con los accionistas del banco catalán, que ayer denunció ante la CNMV una «vulneración» de la normativa EL MINISTRO de Economía advierte de que el Ejecutivo tiene «la última palabra»
BBVA informó ayer al regulador bursátil de que pretende hacerse con el control de Sabadell pasando por encima del consejo de administración de la entidad catalana. Buscará una OPA hostil en los mismos términos de su primera oferta amistosa, que fue rechazada el lunes. El anuncio se produce en vísperas de las elecciones catalanas y ha suscitado el rechazo frontal del Gobierno y de la Generalitat.
El presidente de BBVA, Carlos Torres, defendió en rueda de prensa ante inversores y analistas que la oferta es «extraordinariamente atractiva» y que generaría
«una combinación de dos entidades muy potente». La operación solo se materializaría si BBVA logra hacerse con más del 50% del capital de Sabadell y el consejo directivo de la entidad catalana no tendría asiento en el banco resultante.
En este caso, la propuesta ha sido dirigida a los accionistas de Sabadell, no a su presidente, Josep Oliu; cada 4,83 acciones en sus manos del banco catalán se canjearían por una de BBVA, lo que supone una prima del 30% respecto al valor de la acción que se registraba el 30 de abril.
No obstante, habrá que ver si a los accionistas de Sabadell les convence la oferta. Algo más de
la mitad del accionariado está constituido por grandes fondos de inversión, y el resto son inversores minoristas, una estructura que debería facilitar la operación. Torres explicó que algunos le han trasladado que verían con buenos ojos el movimiento
y que el banco pretende cerrar la operación en un plazo de entre seis y ocho meses. Por su parte, Sabadell ha vuelto a rechazar la oferta porque «infravalora el proyecto del banco».
La viabilidad de la operación depende del visto bueno de los reguladores y del Ministerio de Economía. El movimiento debe ser autorizado por el Banco Central Europeo (BCE); la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); la autoridad de competencia (la CNMC) y, en última instancia, por el departamento de Carlos Cuerpo.
El ministro de Economía se mostró contundente y rechazó de plano en una entrevista en TVE una operación que, considera, puede tener «efectos lesivos potenciales» y que no le gusta «ni en la forma ni en el fondo». Cree que generaría «inestabilidad, incertidumbre y volatilidad». Dejó claro que el Gobierno «tiene la última palabra» en las fusiones de bancos, tal y como se recoge en la Ley de supervisión bancaria, y descartó que su negativa tenga que ver con las elecciones catalanas.
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue más directa y aseguró que el Gobierno va a aplicar esa ley para frenar la operación. En los mismos términos se pronunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Desde el primer momento hemos trasladado que el Gobierno no va a autorizar esta operación», señaló. Los motivos del Ejecutivo son que conllevaría una excesiva concentración de riesgos y que podría poner en peligro la «cohesión territorial» de las oficinas.
El movimiento tampoco gusta nada en la Generalitat de Cataluña, que ha empezado a movilizarse para tratar de frenarlo. La consellera de Economía, Natàlia Mas, ha pedido por carta a la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, y a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que no autoricen la operación. El president Pere Aragonés, además, se mostró preocupado por los efectos negativos que podría tener sobre la economía catalana.
La negativa a la operación se ha extendido también a la Generalitat Valenciana, cuyo presidente, Carlos Mazón (PP), ha manifestado estar «absolutamente en contra». «Es una operación que destruye valor, que destruye trabajo, territorio y competencia», aseveró.