Sociedad Civil Catalana advierte de un Estado «más débil ante un nuevo desafío separatista»
Sociedad Civil Catalana (SCC) criticó este fin de semana la derogación del delito de sedición anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el pasado jueves, una decisión de una «gravedad histórica extraordinaria», para reemplazarlo por otro de desórdenes públicos agravados, que contempla penas máximas de cinco años de prisión, porque considera que deja al Estado «más débil» y «erosiona su fortaleza y capacidad» ante «futuros intentos de subversión» del nacionalismo.
Así se expresó la entidad en un comunicado en el que también apuntó que, con la eliminación de este delito, España se queda sin «algunas de las principales herramientas para defender su integridad» territorial, lo que supone entregar «una victoria rotunda a las autoridades nacionalistas».
Sociedad Civil Catalana, además, señala que «el Gobierno modifica por la puerta de atrás y con los mínimos controles una parte sustancial de nuestro ordenamiento jurídico», a costa de los «derechos fundamentales de todos los catalanes a cambio de los intereses de una parte representada por los condenados y los prófugos de la Justicia».
«No todo vale para mantenerse en el poder», indicaron, recordando que la «desjudicialización» era una de las demandas del «régimen nacionalista» para sentarse a hablar sobre los Presupuestos Generales del Estado «que sostienen al Gobierno». Esto «no es sino un eufemismo de ‘no justicia’ y de impunidad» para que «las autoridades catalanas puedan hacer y deshacer a conveniencia y al margen de la ley y de las sentencias judiciales».
De esta manera, «deja desamparados a todos los catalanes y al resto de los españoles» y legitima lo que a su juicio es un régimen excluyente y populista
«El Gobierno modifica por la puerta de atrás y con los mínimos controles una parte sustancial del ordenamiento jurídico» SOCIEDAD CIVIL CATALANA
que no respeta la ley, afirmaron desde SCC, que opina que además facilita el regreso de las personas condenadas por el procés a la actividad pública.
Por eso, SCC considera esta decisión «una humillación y una burla para los catalanes constitucionalistas que durante años hemos luchado por una Catalunya con unos estándares de calidad democrática equiparables a los de cualquier democracia europea».
En el comunicado se apunta además que «si a ello le unimos el hecho de que desde la Transición los sucesivos gobiernos nacionales han venido realizando concesiones difícilmente justificables a los partidos nacionalistas, sin otro objetivo que el de acceder al poder o perpetuarse en él, compartimos el hartazgo de cada vez más ciudadanos catalanes, que comprueban cómo sus derechos se convierten en moneda de cambio en la ingeniería de las mayorías parlamentarias». ●