Dudas en Podemos y otros socios del Gobierno por la rebaja de la malversación
La posible reforma del delito de malversación de caudales públicos, planteada el lunes por el presidente catalán y líder de ERC, Pere Aragonès, ha hecho saltar las alarmas en algunos de los grupos cuyo apoyo en el Congreso sería imprescindible para que saliera adelante.
El PSOE y una parte de Unidas Podemos consideran viable estudiar una rebaja de las penas para quien no consiga un enriquecimiento personal a través de la malversación, de lo que se beneficiarían varios de los condenados por el procés. Pero varios socios del Ejecutivo, así como la parte mayoritaria de Unidas Podemos, tienen sus reservas ante la posibilidad de que esto pueda beneficiar a otros condenados.
En una entrevista en RAC1, Aragonès apostó, sin detalles, por «revertir» la reforma del Código Penal que llevó a cabo el PP en 2015 y que permitió, entre otras cosas, que los condenados por el 1-O pudieran ser encausados por este delito. No obstante, insistió en que la corrupción «se debe seguir persiguiendo».
Entre los posibles beneficiados podrían estar el expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE, y el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, acusado de malversación por desviar dinero público para espiar a Luis Bárcenas. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tampoco despejó ayer las dudas y se limitó a señalar que «hay que ser quirúrgico» a nivel jurídico para evitar efectos indeseados, aunque entiende «las contradicciones».
Buena muestra de que el debate existe –y no de manera testimonial– entre los socios del Gobierno es que el propio Unidas Podemos, que el lunes había expresado por boca de su de súplica en el plazo de dos días. Si este se deniega, el tribunal ya ha fijado a partir de ese momento otro plazo de 10 días para que los condenados comparezcan para su ingreso voluntario en la prisión que elijan.
El tribunal expone que los encausados han sido condenados a penas de prisión «de larga duración, cometidos por empleados públicos, que entre sus funciones tenían encomendada la gestión de fondos públicos, lo que hace que la alarma social producida por este tipo de delitos de ‘corrupción política’ exija el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes». Así, y dando por «cierta» la «carencia portavoz catalán, Jaume Asens, su disposición a reformar la malversación, ayer fue mucho más cauto y admitió que el tema tiene «aristas». Los morados prefieren esperar acontecimientos antes de pronunciarse.
Los vaivenes en su postura tienen que ver, por una parte, con una diferencia ideológica y, por otra, con una cuestión interna. Quien frenó ayer el entusiasmo fue el portavoz parlamentario Pablo Echenique, que más que una posición unitaria de todo el grupo expresó la postura de Podemos, el partido mayoritario del mismo. Por el contrario, Asens –dijo Echenique– estaba expresando la opinión de En Comú, la rama catalana de Unidas Podemos, que habla a su 20M.ES/POLÍTICA
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propio electorado... y que tiene mucha mayor sintonía con la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Este asunto amenaza con generar una nueva brecha entre UP y Díaz, su líder en el Gobierno. Ella no se ha pronunciado sobre la reforma de la malversación, pero Asens es uno de sus hombres más cercanos en el grupo parlamentario morado.
No obstante, no solo Podemos ha mostrado sus reservas ante esta posible modificación. A preguntas de este diario, PNV y EH Bildu, habituales socios del Gobierno, evitan apoyarla sin reservas y rechazan posicionarse antes de conocer la propuesta concreta de ERC. La formación Compromís, otro de los aliados usuales del Gobierno, sí dijo que «no parece una buena idea» abordar este asunto «ahora mismo». ● de antecedentes penales de los condenados», los jueces aluden a la «gravedad y extensión de las penas», que «impide la suspensión de su ejecución». En este punto, el auto alude a la denegación de la suspensión en otros casos en los que las penas impuestas eran inferiores a las de los ERE. Tampoco acepta la Audiencia lo alegado por las defensas en cuanto al tiempo que ha transcurrido desde la fecha de los hechos. Ni tampoco considera que tengan «relevancia» las alegaciones de algunos condenados, como Griñán, respecto a «circunstancias personales y relativas a su situación, estado físico y edad». ●