Rodríguez se defiende ante las acusaciones de enchufismo
Enchufismo, expolio de dinero público, mala gestión de fondos y omisión de trámites esenciales. De esta forma describieron ayer las acusaciones populares del caso Alquería, Acción Cívica y el PP, la manera de proceder en la empresa pública Divalterra en relación con contratos presuntamente irregulares de altos directivos en 2015 y 2018 para favorecer al PSPV y a Compromís. En el banquillo de la Audiencia de Valencia se sientan 14 acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, para quien reclaman ocho años de prisión.
Precisamente, la defensa de Rodríguez replicó que el actual alcalde de Ontinyent «no participó en los contratos de altos directivos ni enchufó a nadie. Tampoco sabía nada de su presunta ilegalidad».
La primera acusación en intervenir fue la letrada de Acción Cívica, quien manifestó que los hechos se han probado «de manera sobrada» durante este «largo» juicio: «No estamos aquí porque el fiscal se haya inventado una causa de corrupción, sino por actuaciones delictivas de los acusados», sostuvo. Y agregó: «Existió prevaricación con los contratos de altos directivos y también malversación de caudales públicos por el desvío de dinero a los bolsillos de esos altos cargos».
A este respecto, indicó que los contratados en alta dirección «fueron escogidos a dedo» sin concurrir méritos ni publicidad. «No hubo absolutamente nada. Solo se les contrató por su adscripción política. Se maquinó para vulnerar los principios legales y contratar a dedo», subrayó. A su entender, «no existe en toda la causa nada objetivable que justificara las contrataciones de los altos directivos. Los contratos eran manifiestamente ilegales. Eran todo enchufados, de eso no cabe ninguna duda. No hicieron ningún trabajo de alta dirección», proclamó.
Por su parte, el letrado que representa a la acusación popular del PP coincidió en que Rodríguez fue el «principal instigador» para llevar a cabo los contratos de alta dirección y aludió a una «intencionalidad directa» de saltarse la ley. «Se hizo una trama de contratación ilegal en perjuicio del erario público», insistió.
En respuesta, la abogada de Rodríguez manifestó, sobre las contrataciones, que no hubo ningún plan preconcebido y aseguró que antes de la llevada a cabo en 2015 su representado no contaba con ningún informe que cuestionara esta modalidad de contratos ni sabía que podían ser irregulares. Es más, afirmó, «sí disponía de dos informes favorables» para realizarlas. ●