La malversación, en el aire
J. L. M. / D. R. / B.S.
El Gobierno afrontaba ayer una triple prueba de fuego en el Congreso: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, la toma en consideración de la reforma del Código Penal y el visto bueno a los nuevos impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas. La primera la superó con amplia mayoría (187 votos a favor) y gracias a los pactos con Bildu y PDeCat; las otras dos, pendientes de votación al cierre de esta edición (00.30 h), tenían buen pronóstico.
El sí a las Cuentas afianza la mayoría de la investidura y logra un hito insólito en los últimos años: son los terceros PGE consecutivos de la coalición, algo que no pasaba en España desde 2015, cuando terminó la legislatura en la que Mariano Rajoy (PP) gobernó con mayoría absoluta de 186 diputados. Ahora pasarán al Senado.
Pese a estar en minoría (PSOE y Unidas Podemos suman 153 diputados), el Gobierno logró el apoyo de ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, C. Canaria, Más País, Compromís, PRC y el de Meri Pita, una exdiputada de Unidas Podemos que actualmente está en el Grupo Mixto. En contra votaron PP, Vox, Ciudadanos y los diputados expulsados de UPN. También, Teruel Existe.
«Es la victoria del entendimiento», celebró el presidente Pedro Sánchez en un receso tras la votación, y dio las gracias a los 10 partidos que «representan a 12 millones de votantes» y que posibilitaron su victoria, que no por esperada es menor. Fuentes socialistas recuerdan que en marzo «nadie daba un duro» por que volviera a haber Presupuestos, no obstante, el giro a la izquierda dado por Sánchez en verano tras la debacle socialista en Andalucía fue afianzando el bloque progresista en el Congreso.
Aunque ha tenido que hacer importantes cesiones. En el caso de ERC, el PSOE ha accedido a suprimir la sedición del Código Penal y a sustituirla por el tipo penal de desórdenes públicos agravados, con una rebaja de las penas, una iniciativa que se votó después en pleno. También los republicanos han pactado con el Gobierno la transferencia por parte del Estado a la Generalitat de 900 millones de euros para infraestructuras.
De igual manera, para el ‘sí’ de Bildu, el Gobierno ha aceptado prorrogar durante 2023 el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas. Sánchez también devolverá a Navarra la competencia exclusiva de Tráfico y Seguridad Vial; esto ha soliviantado a la oposición.
Por otro lado, el Gobierno consiguió que ayer saliera adelante la toma en consideración en la Cámara de una de las iniciativas clave para la aprobación de los PGE –por el acuerdo mencionado con ERC–: la supresión del delito de sedición. Unidas Podemos, de hecho, se comprometió a «ir más allá» respecto a otros delitos, aún con la duda de si esta reforma alcanzará también a la malversación.
El debate parlamentario estuvo plagado de duelos a discreción. El PSOE contra el PP –y viceversa– y Unidas Podemos contra Junts; poco debate jurídico. Nada más subir a la tribuna, el diputado socialista Paco Aranda criticó a los populares por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e insistió en que la del Código Penal es una nueva redacción que se «homologa» a países de nuestro entorno. El portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, fue el que abrió la puerta a una reforma más amplia, un aspecto que no mencionó expresamente Gabriel Rufián (ERC), pero sí señaló que la supresión de la sedición «no es una concesión ni a ERC ni al independentismo». «Ojalá lo fuera». Por su parte, el PP disparó la artillería. Su portavoz, Cuca Gamarra, acusó a Sánchez de reformar el Código Penal «al dictado de Oriol Junqueras y a la medida de los golpistas» para quedarse en la Moncloa.
●●● La posible reforma del delito de malversación también tuvo su momento ayer. El presidente, Pedro Sánchez, eludió ante los periodistas aclarar si finalmente se llevará a cabo, pero dejó un resquicio al afirmar, como ha mantenido durante las últimas semanas, que eso corresponde ahora «a la tramitación parlamentaria», en alusión a la proposición de ley presentada por PSOE y UP para eliminar el delito de sedición, a la que iría ligada. Sánchez explicó que su voluntad es homologar el Código Penal «a los estándares de las democracias europeas» y dijo que aunque se reformara la malversación, España cuenta con el artículo 155 para afrontar «cualquier intento de violentar el orden constitucional».