Unánime crítica de la oposición y los socios por el «asalto» de Sánchez al TC
EL GOBIERNO elige al exministro Campo y a una ex alto cargo de Presidencia y defiende su idoneidad EL CGPJ esperará a su Pleno de diciembre para validar estos nombres y designar a dos magistrados más
«Un nuevo asalto a las instituciones, colocando a un ministro y a una asesora en el Tribunal Constitucional». Así describió ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los nombramientos que ha hecho el Gobierno en el turno que le correspondía para renovar el tribunal de garantías. Dos nombres muy vinculados al PSOE, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez, que no solo han suscitado las críticas populares, sino también las de Vox y Ciudadanos y las de algunos socios del Ejecutivo.
Con este movimiento, aprobado ayer en Consejo de Ministros, el Gobierno quiere también meter presión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano al que le corresponde realizar las otras dos designaciones –son cuatro magistrados en cada renovación del TC–: la mayoría conservadora lleva meses retrasando la decisión bajo el argumento de que no encuentran candidatos idóneos.
El CGPJ ha convocado un Pleno el 22 de diciembre en el que los vocales podrían proponer finalmente a sus aspirantes. En todo caso, estos y los del Gobierno –y los que propusieran Congreso y Senado– tienen que obtener el visto bueno del propio tribunal, que esperará a dicha reunión antes de comprobar la competencia de todos ellos.
Las críticas al perfil político de los nombres elegidos por el Gobierno fueron una constante ayer. El Ejecutivo, por boca del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se afanó en defender que «cumplen con los requisitos de idoneidad», es decir, «ser español, ser jurista, tener 15 años de trayectoria y una reconocida competencia judicial». Pero el hecho de que tanto Campo como Díez hayan tenido hasta hace poco cargos en el Gobierno llevó a la oposición a dudar sobre su imparcialidad.
Bolaños añadió que el TC «no es un órgano judicial y no tiene una función del estilo» y recordó los dos nombres –propuestos en su día por el PP– que serán sustituidos: Pedro González Trevijano, actual presidente del órgano, y Antonio Narváez, que sustituyó a Enrique López, hoy consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.
«El Gobierno se nombra a sí mismo magistrado del Constitucional. No cabe mayor intervención de un Ejecutivo en el Alto Tribunal», sostuvo ayer la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, tras denunciar que el Ejecutivo, en lugar de darles un cargo en el TC, «lo que hace es darles un encargo de lo que serán sus funciones». También subrayó que con estos puestos será la primera vez que en TC «estén personas sobre las que el propio tribunal ha declarado inconstitucional algunas de sus iniciativas, como los estados de alarma o los reales decretos leyes de las clases pasivas y el que introducía a Iglesias en el CNI».
El PP fue más allá al advertir de que esta «intervención» no pasará «desapercibida ante los ojos de la Unión Europea». Precisamente, la Comisión Europea envió hace unos meses a su responsable de Justicia, Didier Reynders, para conocer de primera mano la situación de bloqueo del CGPJ, que se alarga ya casi cuatro años. Que exmiembros del Gobierno pasen directamente al TC de un país «va a llamar la atención de la UE», aseguró, por su parte, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.
Ciudadanos y Vox se sumaron a la denuncia. El portavoz nacional de los naranjas, Edmundo Bal, tildó la noticia de «tropelía» y, con un tono irónico, recordó el día en que Bolaños dijo que había llegado «a un acuerdo para desjudicializar la política». Por ello, auguró que Sánchez pasará a la historia como el presidente «más nocivo para la división de poderes».
En este mismo sentido se manifestó el presidente de Vox, Santiago Abascal: «El exministro de Justicia, el mismo que redactó los indultos a los golpistas, ahora es colocado en el Constitucional. El autócrata sabe que solo podrá destruir España si destruye la independencia de todas las instituciones que aún quedan en pie. Solo cabe una oposición frontal», dijo en su cuenta de Twitter. También en rueda de prensa relacionó los nombramientos con «el poco respeto que tiene [Pedro Sánchez] por las instituciones y la independencia» y que hace «cada vez más evidente que este PSOE tiene aires totalitarios».
Los socios del PSOE, tanto Unidas Podemos como los parlamentarios, como ERC o Más País, celebran que el Gobierno dé el paso de renovar un TC que tiene cuatro de sus miembros en funciones desde el pasado junio, aunque han reprochado la elección de dos ex altos cargos del Ejecutivo. ●