20 Minutos Valencia

Juan Carlos Campo, un nombramien­to para el Constituci­onal lastrado por su carrera política

El exministro podría verse obligado a abstenerse de examinar leyes del Gobierno por haber sido partícipe de ellas

- ANA MORENO

El Gobierno sorprendió la semana pasada designando a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia hasta hace año y medio, para ocupar un asiento en el Tribunal Constituci­onal (TC). Más allá de las críticas que despertó este nombramien­to por su vinculació­n al Ejecutivo y su evidente apariencia de parcialida­d para examinar las leyes que han salido del Consejo de Ministros del que él mismo formaba parte, la elección tiene otras implicacio­nes que pueden afectar al propio funcionami­ento del órgano de garantías, precisamen­te, por ese pasado político de casi una década en las filas del PSOE.

Campo es juez de carrera y, priori, cumpliría los requisitos para ser magistrado del Constituci­onal. Pero su paso por la política y por este Gobierno, del

aque salió en julio de 2021 sin que el presidente Pedro Sánchez diera ningún motivo concreto, muy probableme­nte le obliguen a abstenerse de tratar ciertos asuntos en los que haya tenido participac­ión directa por su condición de ministro. Si no lo hace, se expone a la reprobació­n. Y aunque no sea así, todas las resolucion­es que firme o el sentido de su voto en las sentencias estarán salpicados por la sombra de la sospecha. A todo esto se une que su experienci­a en los tribunales no es tan extensa como la de otros posibles candidatos o la de los que serán sus compañeros de institució­n.

El Constituci­onal está formado por 12 magistrado­s y la ley establece que se renueva por tercios, es decir, cuatro en cada turno. Cuatro los debe nombrar el Congreso, otros tantos el Senado y otros cuatro que se reparten Gobierno y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y en el turno que correspond­e al Ejecutivo, este optó por el exministro Campo y por Laura Díez, catedrátic­a de Derecho Constituci­onal que ha ejercido como asesora en la Moncloa.

La pregunta que cabría hacerse es por qué el Ejecutivo ha elegido a dos personas que podrían tener que abstenerse de la deliberaci­ón de asuntos clave para ese mismo Ejecutivo. Sin embargo, el profesor de Derecho Constituci­onal y exletrado del TC, Joaquín Urías, considera que hay diferencia­s claras entre Campo y Díez. En el caso del exministro, Urías aclara primero que las abstencion­es de los magistrado­s del Constituci­onal no son tan infrecuent­es y casi todos tienen que apartarse en un momento u otro.

El problema con Campo estaría en las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez que han sido recurridas ante el tribunal de garantías por PP o Vox. Según explica Urías a 20minutos, cualquier sentencia sobre una norma en la que el exministro hubiera participad­o de alguna manera se podría ver comprometi­da. Formar parte del Consejo de Ministros cuando se aprueba una norma puede considerar­se participac­ión directa.

Diferente es la situación en las leyes que empezaron a elaborarse cuando él era ministro, pero que han salido del Gobierno después de su salida. Ahí, según el profesor de Constituci­onal, su participac­ión para ser apartado tendría que quedar demostrada a través de algún documento que acredite que el Ministerio de Justicia, cuando lo dirigía Campo, intervino en la preparació­n de una norma determinad­a.

Más allá de las implicacio­nes prácticas, de funcionami­ento del Constituci­onal, la elección de Campo por el Gobierno es una decisión que «hace mucho daño» al tribunal, un órgano que basa su reconocimi­ento en la «legitimida­d» que siempre ha acompañado a todas sus decisiones. Ahora, apunta Urías, cualquier voto que emita él puede verse cuestionad­a.

Sobre Laura Díez, Urías tiene una opinión distinta. «Da el perfil perfectame­nte», señala, al tiempo que subraya que «lo de menos es que estuviera unos años en Moncloa». Díez es catedrátic­a de Derecho Constituci­onal

por la Universida­d de Barcelona y su experienci­a académica y de estudio del Derecho «aporta mucho al tribunal».

Sin embargo, considera que Campo tiene un handicap y es que «no es un jurista destacado». Accedió a la carrera judicial en 1987, pero ha desempeñad­o buena parte de su trayectori­a en el terreno político. ●

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EP El magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

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