Mónica García debería revisar los contratos de la pandemia

LaLa compra de materiales durante la pandemia fue un escándalo de dimensiones colosales y el que piense que se circunscribió al Ministerio de Transportes que comandaba José Luis Ábalos, se equivoca gravemente. Durante las primeras oleadas del virus seguí de cerca los contratos suscritos por el Ministerio de Sanidad, el departamento que ostentaba el mando único, y no había día que no deparara sorpresas mayores que el anterior. Por ejemplo, llegaron a comprarse 200 respiradores, que son máquinas complejas, a una empresa que en 2019 se había constituido con un capital social de apenas 3.000 euros por un precio de 49.610 euros la unidad. En aquellos momentos, el coste de dichos equipos en un mercado que estaba tensionado apenas era de 15.000 euros, según el presupuesto remitido por una firma china a un proveedor privado español. Sanidad pagó exactamente 34.610 euros de más por cada aparato, por lo que el sobrecoste alcanzado con la adquisición de los 200 respiradores rozó los siete millones de euros. Esta compra sospechosa no fue la única. Durante la pandemia proliferaron los contratos otorgados a dedo a empresas en procedimientos acelerados con la excusa de la urgencia. En algunos casos, se suscribieron con empresas con dirección desconocida, un «error» que se subsanó sobre la marcha tras desatarse la polémica. Además de los sobreprecios y los contratos sin concurrencia, también proliferaron las compras de productos defectuosos. Por una de ellas está imputada la directora general de Farmacia en esa época, Patricia Lacruz. Defensora de la Sanidad pública como se autoproclama, Mónica García debería revisar lo que ocurrió en esa Dirección General y en el Ingesa en esa época. Se llevaría sorpresas desagradables.