Un negocio rutilante para España
Las empresas españolas han sido las adjudicatarias de más de 90 proyectos de obras públicas en Panamá desde que, en julio de 2014, el actual presidente panameño, Juan Carlos Varela, formó gobierno. En su mayoría son proyectos pequeños, pero suman un negocio jugoso: 4.239 millones de euros, según estimaciones de la Secretaría de Estado de Comercio española.
Dicha estadística no incluye la adjudicación a Sacyr de la ampliación del Canal de Panamá por 3.200 millones de dólares (unos 2.610 millones de euros). La firma presidida por Manuel Manrique consiguió el contrato en, 2009, que concluyó en 2016. La Autoridad del Canal de Panamá funciona de forma autónoma, transparente y con protocolos propios, factores estos que le han permitido blindarse de la corrupción que salpica a las obras del Estado panameño. Según estimaciones recogidas por ABC, España es uno de los principales jugadores en las licitaciones públicas en Panamá, con un 40% del negocio. Las empresas estadounidenses y británicas han dejado prácticamente de licitar en el país centroamericano por las consecuencias penales que contemplan sus legislaciones en casos de sobornos de sus empresas en el extranjero para llevarse una licitación pública. En 2016, EE.UU. multó con 3,9 millones de dólares a la multinacional SAP y sentenció a 22 meses de cárcel a uno de sus ejecutivos por pagar un soborno en Panamá a cambio de un contrato tecnológico.