AQUELLOS FUSILADOS EN LAS TAPIAS
Los socialistas quieren ser los que decidan la realidad de la historia
Aver, Sánchez, ¿propondrías que me multaran o me metieran en la cárcel si pongo una placa en la puerta de la casa de mi abuelo recordando que fue secuestrado y asesinado por milicianos anarquistas en el año 1938? No es una pregunta retórica, responde a la realidad histórica. Ya le escribí en su día a Rodríguez Zapatero, a quien por otra parte tanto aprecio, que no es el único al que le han matado a un abuelo en la guerra: los que rondamos mi edad almacenamos algún recuerdo de las cicatrices de nuestros mayores, que tanto hicieron por que olvidáramos años de cainismo exacerbado. ¿Sólo se puede recordar a unos abuelos y no a otros?
La reforma que prepara el PSOE –de mano de un sujeto llamado Andrés Perelló– de la malhadada Ley de Memoria Histórica que este Gobierno acomplejado no se ha atrevido a desmontar, contempla algunos aspectos delirantes que responden no exactamente al deseo de hacer del pasado un argumento esencialmente histórico sino, antes bien, un agresivo elemento de resentimiento ardoroso. Así fue presentada en el conocido como Paredón de Paterna, donde fueron miserablemente fusiladas más de dos mil personas una vez acabada la Guerra Civil. ¿Cómo no sentir indignación por la suerte de aquellos desdichados que vieron acabar su vida apoyados en una tapia? España se llenó de tapias con impactos de bala, y en ellas se apoyaron por última vez muchos seres humanos (hasta el final del franquismo, por cierto), desde Valencia hasta Paracuellos. Pero recordar los asesinados en Paracuellos puede ser delito si prospera este engendro que preparan Sánchez y Perelló, con la esperanza de aprobarlo en el Congreso, y que consiste en ilegalizar a quien sostenga un punto de vista diferente al del PSOE. Los socialistas quieren ser los que decidan la realidad de la historia, y el debate en torno a ella queda prohibido. Han leído a Orwell, se lo han creído y lo han interiorizado.
La Historia, que debe ser estudiada detalle a detalle, es tarea de los historiadores, no del Congreso, y menos pretendiendo establecer la Verdad Única eliminando cualquier discrepancia. Pretender establecer un Manual de Estilo para medios de comunicación en materia histórica es totalitario. Pretender la destrucción de libros que «den soporte» a delitos tipificados por esta ley es totalitario, pretender multar o encarcelar a quien recuerde con una Cruz a los religiosos que fueron asesinados antes y durante la Guerra es totalitario. Sólo falta que reinventen algún tipo de checa para apresar a los disidentes.
¿Creen de verdad que el desafío de la España que están construyendo nuestros hijos ha de estar basada en regurgitaciones de hechos ocurridos hace noventa años? ¿Está seguro Sánchez de que sus hijos o los míos van a perder un minuto en debatir cómo ganar la Guerra que se perdió o se dejó de ganar cuando vivían –o morían– sus bisabuelos? La Ley de Memoria Histórica no nació para ayudar a los españoles que querían legítimamente recuperar los restos de sus familiares muertos durante la guerra, sus previos y la posterior represión, cosa tan razonable como necesaria: nació como elemento de rencor trasnochado para reestablecer pugnas históricas que los propios españoles que participaron en ellas demostraron estar dispuestos a olvidar. Todo pasaje histórico debe de ser estudiado, debatido, analizado mediante el estudio de los profesionales: yo soy el primero que quiero conocer las acciones de Largo Caballero o de Calvo Sotelo, pero sin necesidad de tirárselos a nadie a la cabeza merced al agresivo panfleto, absolutamente innecesario, que preparan estos sujetos; siendo como son, por demás, miembros de un partido que tampoco puede estar orgulloso de todos los pasajes que protagonizó.
¿O nos ponemos a estudiar quién le debe más a quién? ¿La Democracia al PSOE o el PSOE a la Democracia?