«Difamar no puede salir gratis»
En su primera comparecencia pública tras su toma de posesión, el fiscal general del Estado se mostró ayer partidario de castigar las imputaciones «sin pruebas» y extemporáneas, cada vez más frecuentes en casos de corrupción. El último, esta misma semana,
«Inexorable e inmune a las presiones». Así describió ayer la actuación que guiará a la Fiscalía General del Estado su máximo representante, Julián Sánchez Melgar, que en su primera comparecencia pública tras su toma de posesión, abogó por mantener la línea continuista de su predecesor en el cargo y amigo José Manuel Maza, fallecido en un viaje oficial a Buenos Aires. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Sánchez Melgar abogó por preservar y potenciar aún más la autonomía del Ministerio Público y repasó temas de actualidad, entre los que no podía faltar Cataluña ni las calumnias gratuitas.
Los falsos arrepentidos
El fiscal general defendió una reforma legal que castigue las imputaciones de delitos por parte de quien está inmerso en un proceso penal por corrupción. Sin citar de forma expresa al exconsejero de Presidencia Francisco Granados, que el lunes acusó a la antigua cúpula del PP de Madrid de estar al tanto de la financiación ilegal del partido, el fiscal general aseguró que las difamaciones no pueden quedar impunes. «Las imputaciones se hacen con pruebas, no de forma gratuita. Las difamaciones tienen que ser castigadas con una sanción, porque afectan al honor de las personas», dijo.
Sánchez Melgar recordó que la colaboración con la justicia por parte de un imputado por corrupción tiene que tener una recompensa en forma de atenuante siempre y cuando la información que aporte sea «relevante» y en el «momento adecuado». «Pero aquello que no es más que una estrategia defensiva no puede tener ningún valor».
Cataluña: el huido localizado
El fiscal general reconoció que en sus 35 años de ejercicio profesional ha visto «huidos, prófugos, pero nunca a un huido que se sabe dónde está y que además anuncia sus movimientos». Aludía así a la situación procesal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Bruselas desde finales de octubre.
Sánchez Melgar defendió la petición de la Fiscalía al juez para que reactivara la euroorden cuando el prófugo se desplazó a Dinamarca . Aseguró que el juez no rechazó su solicitud, sino que simplemente la fió a un momento posterior. Esa entrega tiene que hacerse, dijo, por el delito más grave (rebelión), pues lo contrario rompería la «simetría» en el enjuiciamiento respecto al resto de imputados. El fiscal general ve factibles los plazos que se ha fijado el Supremo para el procesamiento y posterior juicio de los encausados, aunque reconoció que la Fiscalía aún no tiene clara la tipificación de los delitos por los líderes independentistas se sentarán en el banquillo.
Además, recordó que el Ministerio Público nunca será «oportunista ni político» en el asunto catalán, y ante los que incumplen la ley anunció una respuesta «firme, proporcional, inexorable e inmune a cualquier tipo de presión».
Delitos de odio
«En las redes sociales no puede decirse cualquier cosa» porque algunas expresiones pueden suponer una «difamación pública». Así respondió Sánchez Melgar en relación a la persecución de los delitos de odio, un asunto que le preocupa, porque no hay una instrucción para todos los fiscales que clarifique cuándo se está ante un delito de este tipo.
El fiscal general lamentó que en las redes sociales algunos usuarios tengan comportamientos que causan «perplejidad», al publicar mensajes sobre personajes públicos. Parece que «todo es gratuito, que todo vale», señaló.
Aunque ha hecho alusión a las diligencias abiertas contra centros educativos, no quiso pronunciarse sobre casos particulares, por lo que ha evitado aludir al al joven que ha sido multado por publicar un montaje fotográfico en el que sustituyó el rostro del Cristo Despojado, de Jaén, por su cara.
Acoso, abusos y menores
Sánchez Melgar se mostró partidario de «revisar» la legislación sobre la responsabilidad penal del menor para hacer unos «retoques» en materia de sanciones por delitos sexuales y acoso. Descartó que las posibles modificaciones afecten a una rebaja de la edad penal –después de los últimos casos de agresiones sexuales y asesinatos cometidas por menores– sino en «sanciones y asistencia a los menores».
La sentencia de Estrasburgo
Sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condena a España a pagar 50.000 euros a los asesinos de la T-4 de Barajas, el fiscal defendió el proceso penal que se llevó a cabo en España, y que acabó en el Supremo con la absolución de los guardias civiles que participaron en la detención de los etarras. El propio Sánchez Melgar formó parte de aquel tribunal como magistrado de la Sala Segunda del TS. «La Fiscalía acata la resolución (de Estrasburgo) y no tiene más que decir, aunque parece que contradice la doctrina de los tribunales españoles», dijo.
Autonomía real
Sánchez Melgar abogó por «desanclar» a la Fiscalía del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia. Así, pidió autonomía presupuestaria para su departamento y se mostró partidario de suprimir la cláusula legal que obliga al máximo representante del Ministerio Público a cesar en el momento en que cesa el Gobierno que lo nombró. El fiscal recordó que el Ministerio Fiscal «no tiene recursos propios y es la Administración la que le provee de medios», lo que obliga a la Fiscalía a relacionarse con el Gobierno y las comunidades autónomas. «Creo que esas relaciones deben ser claras, transparentes y sin zonas de penumbra», remarcó.