Exmilitantes acusan a Rivera de subastar las candidaturas de Cs
El PP insta a Rivera a dar explicaciones «en todas las instancias» por las irregularidades
A finales de 2014 Ciudadanos ni siquiera había decidido si participaría en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Tras esos comicios se convertía en un partido con más de 1.527 concejales en toda España. La incapacidad para controlar sus propias candidaturas ya ha provocado que en torno a dos centenares de esos cargos públicos estén ya fuera del partido.
Ahora las sombras de aquel origen nacional llegan al terreno de la financiación del partido, en el marco de una durísima contienda entre el PP y Ciudadanos. Los populares dedicaron ayer una sesión monográfica a Ciudadanos en la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos en el Senado, en la que son el único partido que participa. Lo hicieron citando como comparecientes a expulsados de la formación liberal. Acudieron la presidenta y el abogado de la Plataforma de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Sánchez Ruiz, y Alberto Ganga Ruipérez, los dos exafiliados del partido.
De sus comparecencias dos fueron los elementos más potentes que sirvieron al PP para asegurar que las cuentas de Ciudadanos son «un catálogo de irregularidades». Las denuncias de este grupo fueron archivadas por la Fiscalía Anticorrupción en 2016.
Ganga aseguró que en las elecciones de 2015 hubo candidatos munici- pales que financiaron su campaña y que eran los que más aportaban los que lograban ser candidatos. «Esta gente tenía la promesa de que estos gastos se iban a reportar vía grupos municipales o con asignación de cargos electos, que esa era la forma de devolución», señaló. «Se está produciendo una subasta de puestos electorales en las listas de Ciudadanos», aseguró el senador «popular» Luis Aznar. Desde Cs se reconoce que en 2015 hubo candidatos que «adelantaron por su cuenta y de su bolsillo dinero para gastos electorales (14.000 euros entre todos), lo facturaron al partido y éste luego rechazó abonárselo, informando al Tribunal de Cuentas de todos los casos, catalogados como donaciones. Y en ningún caso de terceros, sino de miembros de la organización».
Los críticos también hablaron de dos cuentas bancarias centralizadas, una de ingresos y otra de gastos, con Villegas y el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado, como apoderados con las que controlan el dinero de los grupos municipales. Lejos de negar la cuestión, Villegas la puso en valor ayer: «Tenemos mecanismos de control para que la gestión de las cuentas de los grupos municipales sea la correcta. Ya pasó por el examen del Tribunal de Cuentas, que en su informe no le pone ninguna pega».
Los críticos apuntaron a Rivera, Villegas, Cuadrado, al portavoz en Cataluña, Carlos Carrizosa, y al secretario de Comunicación, Fernando de Páramo como el club que controla el partido «de arriba a abajo» y responsables de irregularidades como no emitir certificados del pago de cuotas de afiliación o no contabilizar las bajas. El senador Aznar instó a Rivera a dar explicaciones «en todas las instancias». En el punto de mira del PP está la sede de Ciudadanos, propiedad de la aseguradora Caser y por la que Cs paga 30.000 euros al mes en concepto de alquiler. Un precio que el PP considera fuera del mercado.
Los tribunales Las denuncias de este grupo fueron archivadas por la Fiscalía Anticorrupción en 2016