Montoro ofrece que el Estado perdone los intereses de deuda a las regiones
El Ministerio de Hacienda sugiere una medida que podría ahorrar casi mil millones al año a todas las comunidades autónomas
El Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa la posibilidad de perdonar los intereses de deuda que pagan las comunidades por los mecanismos de financiación desplegados por el Estado desde 2012. Desde el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se estudia una reestructuración de la deuda contraída por las comunidades con el Estado dentro del modelo de financiación: en principio hay tres opciones, o que el Estado asuma parte del principal del pasivo, o un alargamiento de los plazos de vencimiento o la reducción de los intereses. Ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se inclinó por esta última opción como guiño a las comunidades de cara al futuro modelo.
«No tiene sentido que cuando hablamos de nuevos recursos para las comunidades en Educación, Sanidad o protección social lo que planteemos en paralelo es que el Estado se financie con intereses por la deuda contraídas con el mismo Estado. O hacemos una cosa o hacemos la otra pero las dos, no», sentenció ayer el ministro a la entrada de la Asamblea General de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje). Los mecanismos de financiación se pusieron en marcha en 2012, en un momento en el que las comunidades tenían los mercados cerrados, ya que pedían intereses disparados ante la crisis del euro. El Estado ponía a su disposición liquidez a un interés similar al que pagaba por financiarse el Tesoro. Lo que en su momento era una medida extraordinaria, desde entonces se ha convertido en permanente.
Como señalan desde el Ministerio, la referencia para un perdón de intereses sería lo que ocurrió en 2015: entonces se produjo una reestructuración de la deuda, ya que se redujeron los intereses de los mecanismos emitidos en 2012 (que tenían un tipo medio del 5,18%), 2013 (3,91%) y 2014 (2,02%) al 0,834%. En 2015 el tipo fue «cero».
En 2016 el interés medio de los mecanismos fue del 0,5%, lo que refleja que las comunidades pagan un coste mínimo por financiarse: por ello, el Gobierno calcula que las regiones se ahorrarán 44.000 millones frente a lo que hubieran pagado al financiarse en el mercado (solo 18.000 en Cataluña), calculado durante toda la vida de la deuda. Los mecanismos de financiación tienen un periodo de carencia, durante el que las comunidades no tienen que devolver los créditos concedidos, de dos años, para un plazo de amortización de diez. Esta posibilidad de reestructuración de deuda levanta menos ampollas entre los barones regionales que la palabra «quita», una opción lanzada como guiño al PSOE quizá con vistas a que apoyara las cuentas. Eso sí, no se descarta que el Estado asuma una parte del principal de deuda estatal contraída por las comunidades o alargar indefinidamente el plazo de vencimiento del pasivo.
Las regiones tenían 159.526 millones de deuda con el Estado hasta septiembre de 2017, es decir, un 56,1% del total de pasivo que tienen. Las comunidades más endeudadas con el Gobierno central son las del arco mediterráneo, que están infrafinanciadas con el actual modelo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia), junto a Castilla-La Mancha. Sería a ellas a las que más aliviaría esta opción.
El Estado tiene el 80,6% de la deuda pública de Comunidad Valenciana, 35.827 millones (un 34,2% de su PIB). En términos absolutos la supera Cataluña, con un 69% de la deuda contraída con el Gobierno central, 53.005 millones (un 24,8% del PIB). Le siguen Murcia (6.777 millones, un 78,8% de su deuda), Andalucía, con 24.263 millones (un 72% de la deuda total) y Castilla-La Mancha (10.273 millones, un 71,8% de todo su pasivo).
La medida beneficiaría, sin embargo, a todas las comunidades de régimen común, ya que todas se han acogido de una manera u otra a los mecanismos desplegados por el Estado (bien a través del Fondo de Liquidez Auto-
nómica para las regiones incumplidoras, bien con el Fondo de Facilidad Financiera, para las saneadas). Por ello, ante la oposición de comunidades como Galicia o Madrid a la posibilidad de quitas, Montoro insistió ayer en que un perdón de los intereses sería una medida distinta.
«Hay que hacerlo en términos ponderados, con equidad, de forma que las propuestas tengan suficiente envergadura para que sean bien recibidas por las comunidades y los grupos políticos», reseñó Montoro.
El experto designado por Aragón y profesor de la Universidad de Zaragoza, Alain Cuenca, calcula que las comunidades pagan cada año unos 4.000 millones en intereses. Según estimaciones aproximadas de ABC, un perdón de la deuda autonómica ahorraría a las comunidades casi mil millones de euros al año.
Desde 2012 las regiones han pagado al Gobierno Central 4.944 millones en intereses, según los datos de la Intervención General del Estado. Hasta noviembre de 2017 ascendieron a 670 millones; en 2016 pagaron 780 millones mientras que en 2015 desembolsaron 1.380 millones, 756 millones en 2014, 1.276 en 2013 y 82 millones en 2012.
Desde el Ministerio tratan de lograr una postura que contente más o menos a todas las partes. O que trate de enervar a las menos. La propuesta de «quitas» ya fue tumbada por varias comunidades del PP el pasado lunes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el más crítico con la posibilidad de quita, ve con buenos ojos el alivio de intereses, toda vez que Galicia fue una de las comunidades que apoyaron en 2015 bajar el tipo de los mecanismos de financiación al cero ese año. Otras comunidades del PP, como Murcia, ven con un distinto prisma la posibilidad de que el Estado asuma parte del principal de deuda. La batalla política se libra bajo cuerda.