El frágil «escudo» de Delgado para no explicar su relación con Villarejo
∑ La ministra de Justicia califica de «ilegales» las grabaciones para evitar el fondo del caso
Trece días de espera habrían valido la pena si de su comparecencia se hubiera podido sacar algo en limpio sobre su relación con el expolicía José Villarejo y, por ende, con las «cloacas del Estado» con las que compartió mesa en octubre de 2009. Pero las esperanzas se desvanecieron cuando, en la Comisión de Justicia del Congreso, la ministra Dolores Delgado entró como un Miura en la plaza y empezó a atacar a «la derecha, extrema derecha y extrema extrema derecha» por alentar un supuesto «chantaje» contra el Gobierno.
Nada más empezar, la titular de Justicia dejó claro que no iba a entrar en el contenido de los audios grabados por el comisario jubilado –encarcelado por liderar una trama incrustada en la cúpula policial– porque habían sido obtenidos «de forma ilícita».
Su negativa dejaba sin respuesta por qué ante el relato de hechos presuntamente delictivos ni Delgado ni Baltasar Garzón no sólo no denunciaron nada, sino que al menos Delgado aprobó (un «éxito garantizado») la red de prostitución de Villarejo para chantajear a políticos y empresarios. Tampoco explicó por qué no denunció a los jueces que, según su relato, acabaron con menores de edad durante un viaje de trabajo a Cartagena de Indias. Ni las cuatro versiones que ha dado sobre su relación con el expolicía.
Y todo porque las grabaciones habrían sido obtenidas de «forma ilícita» según ella. Desde ese punto de vista, las escuchas que dieron lugar al caso Gürtel, las del concejal José Luis Peña, también serían irregulares y, sin embargo, sus compañeras fiscales se afanaron en defender su utilización, como avalaron el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y de forma genérica el Tribunal Constitucional.
Aval del Supremo
«[...]La grabación de una conversación entre dos personas no supone una invasión de la intimidad, ya que el que resulta grabado ha accedido voluntariamente a tener ese contacto y es tributario y responsable de las expresiones utilizadas y del contenido de la conversación. Cuando una persona emite voluntariamente sus opiniones o secretos a un contertulio sabe de antemano que se despoja de sus intimidades y se las trasmite, más o menos confiadamente, a los que les escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incurrir en ningún reproche jurídico», afirma el tribunal garante.
No es una cuestión pacífica, pero en la sentencia de Gürtel el Supremo explica que la grabación de una conversación propia con terceros es legal, salvo que el contenido afecte al núcleo de la intimidad, algo que fuentes jurídicas descartan en el caso Villarejo. Grabar la conversación no viola «por este solo hecho» ningún derecho.
«Si los encuentros son libres y espontáneos, no supone una afectación del derecho fundamental de la persona que interviene en la conversación, con independencia de su valoración ética y moral», concluyen los jueces.