El clientelismo, el hilo que conecta todos los casos de corrupción de Andalucía
∑Enchufismo, reparto de fondos sin control y con el objetivo de amarrar votos y financiar favores caracterizan los fraudes que investigan los juzgados
ERE, Faffe, Invercaria, Jeremie, Santana, Avales, Formación, Delphi o el más reciente Transferencias de Financiación... El interminable goteo de casos que investigan los juzgados andaluces tienen el mismo esquema de funcionamiento: la utilización del dinero público para fidelizar votos y perpetuar a los socialistas en el poder. Es el «método ERE». Una frase explica este modo de entender y ejercer la política en Andalucía sobre la que el PSOE ha edificado su compacta hegemonía durante 36 años, que pueden ser cuarenta si Susana Díaz logra retener el gobierno después del 2 de diciembre. «La Junta colabora con quien colabora». Con este desahogo, Daniel Ponce, subdirector de Mercasevilla, pedía una «mordida» a unos empresarios a cambio de una subvención de la Junta de Andalucía. Su voz quedó grabada en unas cintas que llegaron a la juez Mercedes Alaya y constituyeron el precedente de la macrocausa de los ERE.
Por si cabía alguna duda, Irene Sabalete, delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, se lo dijo aún más claro a sus trabajadores en víspera de las elecciones andaluzas de 2012, cuando el PSOE veía amenazado su dominio: «Si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía. Os quiero a todos en la calle haciendo campaña por el PSOE. Esto es lo que más se parece a los testigos de Jehová». Es el evangelio del fraude a la andaluza y éstos son los seis mandamientos que conectan todos los casos.
UNO CREARÁS UNA RED DE TERMINALES BUROCRÁTICAS
En sus 36 años de existencia, la Junta de Andalucía ha creado una red de agencias y empresas satélites que le permitía movilizar fondos públicos burlando los rigurosos controles que tiene el dinero directamente gastado por las consejerías. Este método adquirió su refinamiento en el caso ERE.
Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 20 ex altos cargos más están siendo juzgados en la Audiencia de Sevilla por diseñar y mantener durante diez años (2000/2010) un «sistema opaco» preñado de «descontrol» que facilitó el reparto «con total discrecionalidad» de 855 millones de euros en subvenciones.
¿En qué consistía el método? La Consejería de Empleo enviaba los fondos a una agencia pública, IFA/IDEA, para que ésta pagara las ayudas que previamente había concedido a empresas mediante convenios o con un simple «post-it». Este sistema «perverso», como lo han denominado los peritos de auxilio judicial que analizaron las 270 ayudas dadas, impedía fiscalizarlas a la Intervención de la Junta. Sin vigilancia, el deterioro de los expedientes fue inmediato. Parte del dinero acabó en las redes de empresas afines al poder político, comisionistas y intrusos en ERE trucados.
El mecanismo empleado eran las llamadas transferencias de financiación. La juez Pilar Ordóñez investiga si, aparte de Empleo, otras consejerías del Ejecutivo andaluz regaron con fondos a la agencia que pagaba los ERE para gastar sin control. Están bajo sospecha otros 3.500 millones de euros, el importe aproximado transferido a IDEA en doce años (2000-2011).
La citada agencia está en el epicentro de otros fraudes que afectan a la distribución de avales y ayudas autonómicas: Fondos Jeremie, Santana Motor, Avales I y II e Invercaria, una sociedad propiedad de IDEA que concedía préstamos a empresas con balances contables en números rojos y que ha teñido de rojo la contabilidad del ente público. El Gobierno enterró 252 millones de euros en ocho años en la Fundación Faffe, que realizó 8.844 contratos irregulares en dos años y medio con las subvenciones que recibía.
DOS PRESERVARÁS LA PAZ SOCIAL POR ENCIMA DE TODO
«Mantener la paz social» era el objetivo final que figuraba en el convenio marco de 2001 que instauró el sistema de los ERE y también en el preámbulo de los acuerdos de concertación. La Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CC.OO. suscribieron hasta siete acuerdos entre 1993 y 2009 que movilizaron en torno a 2.000 millones de euros entre las citadas organizaciones. En teoría, el dinero iba a servir para crear empleo en la región más castigada con el paro. Nunca se evaluaron sus resultados. Lo que sí corroboran casos judiciales como el de UGT Andalucía es que parte de las subvenciones nominativas sirvieron para engordar los enormes aparatos burocráticos de estas organizaciones. Sólo el agujero creado por las subvenciones para formación concedidas a UGT ronda los 100 millones, según un informe del perito judicial. A costa del presupuesto público, sucesivos gobiernos se aseguraron su tranquilidad políti- ca durante tres décadas y la complicidad de los agentes sociales y empresariales para apagar los conflictos laborales que pudieran poner en riesgo su longeva hegemonía institucional.
TRES SUBVENCIONARÁS SIN ATENDER A LAS NORMAS
Si algo caracteriza el «método ERE» es su perfil clientelar. El dinero público es el aceite que lubrica el sistema. La agilidad en la distribución de fondos prevalece sobre la ley. Es lo que sucedió con el programa de los ERE, que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero bautizó como un «fondo de reptiles». Las ayudas a prejubilaciones no se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ni había convocatoria pública.
Ausentes las normas, imperó la ley del embudo. Entre 2000 y 2010, 120.829 trabajadores andaluces se vieron afectados por ERE, pero las ayudas sólo llegaron a 6.096 sin que nadie haya sabido explicar el porqué. El vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías comparó el programa con los fondos de emergencia para catástrofes: «Los conflictos surgían cuando surgían. No había un cartel que dijera en caso de terremoto puede acudir a esta ayuda».
Este modus operandi funcionó en Invercaria. La empresa autonómica
de capital riesgo repartió 60 millones entre 276 proyectos sin atenerse a ninguna orden, con un plan de negocio que a veces se limitaba a dos folios escritos a boli. El Consejo de Gobierno transformó un crédito público de 36,1 millones en una ayuda a fondo perdido a Santana Motor, sin posibilidad de retorno a las arcas. Caudales que fueron esquilmados a los andaluces.
CUATRO COLOCARÁS A TU FAMILIA Y AMIGOS
La Junta es la mayor empresa de Andalucía y la que más empleados tiene (270.000). Pero no toda la mano de obra ha entrado en la Administración tras superar unas oposiciones. Un caso paradigmático es el de la Faffe, que se convirtió en una «agencia de colocación» para el PSOE, según detalla la Guardia Civil, que acreditó la existencia de 200 contratados con vínculos con el partido y los sindicatos. Con la liquidación de la fundación en 2011, sus 1.552 empleados se incorporaron al Servicio Andaluz de Empleo, donde la mayoría sigue trabajando. En la agencia IDEA, dedicada a impulsar la economía andaluza, encontraron un sueldo más de una veintena de hijos, sobrinos, nueras, hermanos y primos de exresponsables del PSOE y excargos públicos. Ambos son entes deshabitados de funcionarios. El Gabinete Jurídico de la Junta reconoció que se delinquió en los ERE porque no había funcionarios tramitando las ayudas sino «personal de confianza» procedente de la disuelta Fundación Faffe.
CINCO ENRIQUECERÁS A TUS AMIGOS
Uno de los mantras que repite la Junta es que no ha habido enriquecimiento. «Chaves y Griñán no se han llevado un duro», subraya Susana Díaz. Sin embargo, omite que están siendo juzgados por diseñar un sistema que permitió que otros se apropiaran de caudales públicos. Por no custodiar como es debido el dinero público, que no es de nadie sino de todos. Los investigadores cifraron en 13,4 millones la fortuna que amasó Juan Lanzas gracias a las sobrecomisiones ilegales que distrajo a las arcas públicas por tramitar ayudas. Hasta su madre bromeó con su tren de vida: «Tenía dinero pa’ asar una vaca». El juez del caso Invercaria ha procesado a exdirectivos de la sociedad porque permitieron «un ilícito enriquecimiento de terceros».
SEIS PONDRÁS A UN «GOLFO» PARA AYUDAR A CRIATURITAS
El Gobierno andaluz puso en las manos de Francisco Javier Guerrero un fondo de 647 millones para manejaba a su antojo. No actuaba solo. Era el hombre que resolvía los problemas, el que socorría con ayudas a las «criaturitas necesitadas de ayuda». Desde el fax del Gabinete de Chaves le instaron, por ejemplo, a solucionar «inmediatamente» la crisis en la empresa cordobesa Bilore. Este mismo papel lo ejerció en la Faffe Fernando Villén, el exdirector que pagó con tarjetas oficiales en cinco clubes de alterne. Al estigma de «golfos» que le colgaron en el Gobierno andaluz para culparlos del fraude, se une su afición común por el alcohol y los excesos nocturnos. Se soslaya que ocuparon cargos de responsabilidad durante nueve y ocho años, respectivamente. Eran parte esencial del engranaje de la Junta, quienes hicieron girar la rueda de las victorias electorales.