El Defensor del Pueblo recibe en un año 28 quejas de adoctrinamiento
Fernández Marugán considera «insuficiente» la actuación del PP en Cataluña
Los casos de adoctrinamientos en los colegios de Cataluña no se ha quedado solamente en una denuncia pública. Los padres de los alumnos afectados no han dudado en utilizar la vía administrativa para hacer frente a la presión independentista. Hasta el Defensor del Pueblo han llevado su protesta y el máximo responsable en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán, confirmó ayer que ha recibido 28 quejas desde final de septiembre de 2017, y cuatro más en los últimos meses, que no ha podido tramitar aún. Un volumen que consideró «no significativo, aunque solo el hecho de su existencia, debería preocuparnos». Esta afirmación dio pie a que Podemos, ERC, PDECat, PNV e incluso el PSOE acusaran a Ciudadanos y al PP de «demonizar a nuestros educadores» y de poner en marcha una «estrategia política partidista».
Fernández Marugán compareció ante la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso, a petición de Ciudadanos. Este grupo reclamó información sobre las quejas recibidas por «el adoctrinamiento ideológico» en los colegios de Cataluña y el defensor advirtió de que «no es el cauce adecuado para la promoción de posiciones ideológicas y políticas». En este sentido, precisó que hay otras vías, porque ellos solo atienden las quejas de los ciudadanos, actuando con «neutralidad política e ideológica».
Sobre el contenido de las quejas, éstas se refieren a denuncias por haber trasladado a estudiantes ante la Co- misaría de Policía Nacional o incitar a alumnos a manifestarse contra las detenciones de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Igualmente, hacen referencia a incitar al alumnado «en contra de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Estado Español», «inculcar a los alumnos de forma reiterada por algunos profesores su ideología nacionalista». Los hechos se produjeron en las localidades de Vilafranca del Penedés, Manresa, San Andrés de la Barca, Premiá de Mar, Badalona y Santa Coloma de Gramanet,
Del total de quejas, unas tenían un grado de «concreción muy bajo, casi inexistente», y no se pudieron iniciar acciones específicas. Otras fueron más concretas «y pueden ser indiciarias de adoctrinamiento», ya que se mencionan los autores y las circunstancias de tiempo y lugar.
Sobre estas últimas se inician las actuaciones el 21 de noviembre de 2017, cuando ya se aplicaba el 155 de la Constitución. Su interlocutor era el Ministerio de Educación en su doble condición de representante del Estado y de la Generalitat, que ya se había dirigido al Gobierno regional para que investigase los hechos.
Requerimientos
El Defensor del Pueblo envía las 28 quejas al Ministerio de Educación para que efectúe nuevos requerimientos y les remita la información. Ante la falta de respuesta insisten en su petición. En abril de 2018 se recibe escrito del Ministerio, en el que les comunica que en octubre de 2017, sin 155, la consejera catalana Clara Ponsatí afirma en un escrito que las manifestaciones fueron «promovidas por el alumnado y con autorización paterna». Se les remitieron otras respuestas, ya con el 155 en vigor, en las que Educación «relativizaba los hechos» y afirmaba que no tenían «relevancia punitiva». El defensor concluye que el informe del Ministerio de Educación era «claramente insuficiente» y «no aportaba datos sobre las actuaciones supervisoras y de control». El pasado 11 de mayo se remite otro escrito para que aporte nuevas informaciones