LA ALERGIA DE LA CUP

«El trabajo parlamentario requiere mayor esfuerzo intelectual que salir a la calle a colocar lazos y pegar gritos. Y es menos divertido»

DESPUÉS de que los independentistas cerraran el Parlament cuatro meses, todos los grupos parlamentarios deberían tener un formidable montón de iniciativas pendientes de debatir en el Pleno. Los partidos aspiran a resolver los problemas de los ciudadanos y aumentar las cotas de prosperidad en sus territorios, así que en Cataluña, donde la economía se desacelera con fuerza –crece un 1% menos–, casi un tercio de los niños viven en riesgo de pobreza y los depósitos bancarios se fugan –30.000 millones en 2017– todos los grupos políticos deberían estar peleándose por poner en marcha recetas económicas y sociales.

Pero, en lugar de eso, el gran anuncio de la CUP ha sido un boicot al Gobierno de Torra para convocar elecciones. Y una de las fórmulas que contempla –¡qué sorpresa!– es no acudir a los debates del Parlament. ¿Es que la vuelta al tajo se le hace cuesta arriba? ¿o es que sus diputados tienen alergia a las labores parlamentarias, esas que pueden estimular la economía o contener la fuga de depósitos? Desde luego da la sensación de que cobrar 59.000 euros al año –como mínimo– sin tener que acudir al Parlament les ha resultado adictivo a sus diputados. Desde luego requiere un mayor esfuerzo intelectual que salir a la calle a colocar lazos y pegar gritos en las manifestaciones. Y además es menos divertido. Pero la asistencia a los plenos es un deber de todo diputado, municipal, autonómico o nacional. Si la CUP decide no acudir a los debates, se hace obligatorio imponer a sus diputados una sanción económica. Aunque por coherencia, ellos mismos deberían renunciar a sus sueldos ya que fueron los comunes y la CUP quienes no dudaron en poner una multa de 10.000 euros a Albiol el pasado mes de mayo por asistir de manera irregular a los Plenos de Badalona.

Y visto el cierre del Parlament durante los últimos cuatro meses, los grandes partidos nacionales deberían empezar a pensar cómo intervenir cuando una Cámara regional decide bajar la persiana y no cumplir sus obligaciones. En abril de 2006, Tony Blair amenazó a los diputados de Irlanda del Norte con dejar de pagar sus nóminas –y las de sus asistentes– si en siete meses no alcanzaban un acuerdo para elegir a un nuevo Gobierno. El castillo de Stormont llevaba entonces cuatro años cerrado. También advirtió de que la influencia de Irlanda crecería sobre el Ulster. El ultimátum funcionó como un tiro. En octubre de ese año, los partidos de los seis condados de Irlanda del Norte aceptaron el acuerdo de Saint Andrews, para restaurar la actividad del Parlamento y elegir al nuevo Ejecutivo. Y hace apenas mes y medio, Londres volvió a utilizar la misma estrategia. Desde noviembre bajará el sueldo de los diputados norirlandeses un 27,5 por ciento tras 21 meses de cierre en el Parlamento del Ulster. Los independentistas catalanes deberían ir tomando nota, aunque mientras dure el Gobierno socialista seguro que pueden estar tranquilos.