El grupo de la UCJC debe 89 millones de euros a la matriz de Nueva Zelanda
Los créditos le hacen declarar pérdidas y no pagar Impuesto de Sociedades en España
Las pérdidas acumuladas de 19 millones de euros que declara la empresa española propietaria de la Universidad Camilo José Cela, donde se doctoró Pedro Sánchez, tienen un motivo principal: sus deudas con la sociedad offshore que controla todo el grupo desde Nueva Zelanda, y que está en las mismas manos que las empresas españolas, la familia Segovia. Pese a que la actividad de la Institución Educativa SEK se produce en su mayor parte en España, es una sociedad opaca registrada en Nueva Zelanda, XXI Learning LTD, la que tiene el músculo financiero, mientras las empresas españolas están en números rojos y, por lo tanto, eluden el Impuesto de Sociedades.
XXI Learning, la cabecera de la estructura offshore desvelada ayer por ABC, ha prestado más de cien millones al grupo español, que a su vez está dominado por una sociedad británica y otra holandesa. Education Management Corporation, registrada en el municipio londidense de Harrow, aún debe a cierre de su último ejercicio fiscal (agosto de 2017) 88,9 millones de euros a XXI Learning LTD. El último año pagó a la mercantil neozelandesa 8,2 millones de euros como amortización de los préstamos. Es una incógnita cuál es el origen del capital neozelandés, ya que la Institución Educativa SEK ha declinado responder a las preguntas de ABC.
La británica Education Management Corporation controla más del 90% de la sociedad Institución Educativa SEK SL, que a su vez es dueña de quince sociedades que gestionan la Universidad Camilo José Cela y nueve colegios SEK. El depósito de cuentas de Institución Educativa SEK refleja que esta mercantil debe 98,9 millones de euros a «empresas del grupo y asociadas». De este modo, las deudas que se generan en un despacho de Dunedin (Nueva Zelanda), se trasladan a Londres y de ahí a Madrid, dejando a las sociedades españolas en una situación financiera, sobre el papel, insostenible. El grupo no quiebra porque toda la estructura está en manos de las mismas personas. Los beneficios que se generen en Nueva Zelanda son libres de impuestos.
«Explicaciones»
Preguntado en rueda de prensa, Pablo Casado confió en que la respuesta de la Universidad y del Gobierno no sea otro «burofax» al periódico. A su juicio, la UCJC es la que tiene que dar las explicaciones, aunque cree que «no estaría mal» que el propio Sánchez «arroje luz» sobre estas cuestiones en su comparecencia de mañana en el Congreso. El presidente irá al Pleno para hablar de la venta de armas a Arabia Saudí y para explicar las conclusiones del último Consejo Europeo, pero el líder del PP aprovechará para sacar otros «temas pendientes», como el del plagio de su tesis doctoral.
Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, señaló ayer que su grupo parlamentario en el Congreso registró hace semanas una propuesta de ley para «dotar de mayor transparencia a la Universidad y luchar contra ese tipo de cosas». Fuentes oficiales de Podemos dijeron a este diario que piden «a todas las empresas, o en este caso universidades privadas, que tributen en España». Por otro lado, los expertos consultados apuntan que esta estructura, si está justificada, sería un caso de elusión legal. «El contribuyente ha trasladado la tributación, la ha desviado, a un país de baja o nula tributación. Ocurre lo mismo que en las multinacionales tecnológicas. En principio, la estructura es legal, pero si se descubre que los ingresos deberían tributar en España por la actividad realizada, la Agencia Tributaria podría abrir una investigación», señala Jesús San Martín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Desde Hacienda apuntan que actuarán si encuentran alguna irregularidad, informa Javier Tahiri.