El pago del impuesto queda en un limbo jurídico hasta el 5 de noviembre
El presidente del Supremo no pone reparos a que el Pleno se reúna con tres sentencias ya dictadas
El Tribunal Supremo tardará todavía 15 días en fijar doctrina sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas: el banco o el cliente. Tras una reunión informal en la que el presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, intentó calmar los ánimos en el seno de la Sala Tercera –caldeados por la decisión de su presidente, Luis María Díez-Picazo de cuestionar la sentencia de los seis magistrados–, la fecha del Pleno que debatirá este asunto quedó fijada para el próximo 5 de noviembre.
Será en esa reunión donde los 31 togados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal decidirán si confirman, revocan o matizan la sentencia que carga en el banco el pago del impuesto. El criterio que de ahí salga se aplicará a cada uno de los recursos pendientes en el Supremo sobre esta materia que han quedado paralizados hasta entonces.
Ayer se supo que la sentencia que da la razón al cliente –y que motivó la reacción del presidente de la Sala veinticuatro horas después– no es la única que deliberó y votó esta misma sección. Hay otras dos en el mismo sentido que todavía no han sido notificadas y que, como la primera, también son firmes, es decir, no son susceptibles de revisión.
Así lo reconoce el propio Lesmes en una nota difundida ayer en la que deja clara que la sentencia en cuestión produce «plenos efectos en relación con las partes en litigio».
Con este comunicado, el presidente del Supremo dio por cerrada la herida abierta entre los seis magistrados protagonistas del giro jurisprudencial y su presidente. Lo hacía después de una larga reunión que, como adelantó ABC, convocó con carácter urgente para aconsejarles «contención» y «mesura» respecto a este asunto por cuanto perjudica a la imagen del Tribunal, la más alta instancia jurisdiccional del país.
Dos versiones
Y es que mientras en el entorno de DíezPizaco se acusa a los miembros de la sección de «desleales» –por no informarle supuestamente del sentido de la sentencia–, los magistrados sostienen que estaba puntualmente informado de esta circunstancia y aún así declinó convocar el Pleno con anterioridad a la resolución, lo que es la forma de proceder lógica en estos casos.
Lesmes no toma partido por ninguna de las dos versiones, y tras escuchar a los protagonistas de la polémica, vierte en su nota afirmaciones que contentan a ambas partes. Recuerda, por un lado, que la convocatoria de este Pleno es una decisión que incumbe únicamente al presidente de la Sala, a quien él mismo aupó a este puesto. «(la convocatoria) entra dentro de sus atribuciones cuando lo estime necesario para la Administración de Justicia», señala. Por otro, descarta mala fe en los magistrados de la Sección Segunda: «Han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso».
En la reunión de ayer estuvieron presentes, además de Lesmes y de DíezPicazo, el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes; el presidente de la Sección Segunda, Nicolás Maurandi, y los magistrados Jesús Cudero (ponente), Ángel Aguallo, José Díaz Delgado, Francisco José Navarro y Dimitry Berberoff, autor del voto particular.