La factura para la banca superaría los 29.200 millones si hay retroactividad total
País Vasco y Navarra no devolverán ni un euro: sus leyes sí achacan el coste al contribuyente
Si el Tribunal Supremo dicta en dos semanas no solo que la banca debe abonar desde ahora el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por las hipotecas, sino que además los clientes pueden reclamar a su Hacienda autonómica lo abonado por los créditos ya firmados, el roto para las cuentas de los bancos sería mayúsculo. Según estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), más de 15 millones de contribuyentes podrían reclamar 29.288 millones de euros a la banca.
Algunos juristas interpretan que si el Alto Tribunal anula el artículo del reglamento del AJD que especifica que quien debe pagar el tributo es el cliente, se podrán reclamar las cuantías abonadas a las comunidades en los últimos cuatro años, plazo de prescripción del pago de impuestos. En este tiempo, según Gestha, 1,564 millones de consumidores abonaron y podrían reclamar 3.631 millones más intereses de demora a las regiones que luego se lo pedirían a la banca.
En cambio, los bufetes especializados en demandas masivas y que ven en este asunto una posibilidad de negocio consideran que no hay plazo de prescripción. Si se impusiese la retroactividad total, desde 2003, como marca la ley de Defensa del Consumidor, otros 13,4 millones de hipotecados podrían exigir 25.657 millones por créditos firmados antes de septiembre de 2014.
Todas las comunidades están en vilo salvo dos, País Vasco y Navarra. Ambas no deberán devolver ni un euro en caso de que les afecte, ya que las leyes forales sobre el AJD especifican con claridad, a diferencia de la de régimen común, que el tributo recae en el prestatario. En el caso de la ley de régimen común, lo aclaraba el reglamento de la norma, que el Supremo ha tumbado por su insuficiente rango legal.
Navarra y País Vasco legislaron correctamente al aclarar quién paga el impuesto en sus leyes, y no en sus reglamentos, apunta el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Navarra desde 2007 incorporó un artículo similar a su Ley, lo que provoca que la región no tenga que devolver nada a los afectados en ningún supuesto, aunque las entidades sí en años anteriores. Ello minimiza el impacto de la sentencia en las regiones forales y también beneficia a las entidades que concedieron hipotecas afectadas en ambos territorios.
Las Haciendas autónomicas, según Gestha, iniciarían, tras recibir las reclamaciones de los clientes de los últimos cuatro años, un procedimiento de comprobación tributaria y notificarían una liquidación «espejo» al banco exigiendo el mismo importe. Sin embargo, la banca insiste en que el único responsable sería Hacienda. Es más, algunos fiscalistas creen que llegado a ese extremo, los bancos podrían demandar al Estado por responsabilidad patrimonial.
Los vaivenes del Supremo condicionan ya el sector inmobiliario. Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) admiten que aún es pronto para valorar el alcance de la sentencia, aunque creen que se está creando una «incertidumbre que no conviene a nadie» y que está «condicionando el mercado».
El Consejo General del Notariado señala, en declaraciones a ABC, que «ahora mismo no se puede determinar quién tiene que pagar». Pese a ello, la organización recomienda seguir firmando hipotecas y recuerda que existe un plazo de 30 días para pagar el impuesto.
La banca abrió ayer sus oficinas sin alterar las citas fijadas para la firma de hipotecas. Las entidades siguen cargando al cliente el tributo, como marcaba la ley hasta ahora. Eso sí, varios bancos aseguran que en los nuevos contratos se está incluyendo una cláusula transitoria que especifica que aunque el pago corresponde inicialmente al consumidor, esto podrá ser revisado en función de lo que dicte el Alto Tribunal.