GALIMATÍAS

El caos provocado por una confusa ley no invalida al Tribunal como última línea de defensa de España

TODO el mundo arremete contra los bancos y los jueces, mientras los verdaderos culpables escapan. No intento disculpar los errores cometidos por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que no pudo llevar peor el asunto de los impuestos de las hipotecas, en especial su presidente. Pero, ¿de dónde viene el embrollo? Pues, de la opacidad de la ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo artículo 29 hace «sujeto pasivo al adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales o aquellos que en cuyo interés se expidan», galimatías que un reglamento posterior dio la vuelta, al disponer que, «cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario». Durante más de 20 años, quien pagó los impuestos hipotecarios fueron los clientes. Pero cuando el caso llegó a dicha Sala, su sección Segunda decidió que debían pagarlos los bancos, que perdieron 5.000 millones de euros en una sola sesión de bolsa. Ante lo que el presidente convocó al pleno de la misma, que volvió a hacer responsables a los clientes, haciendo realidad el dicho «peor que una mala ley es una ley poco clara». Aprovechado por Pedro Sánchez para anunciar su intención de decretar que, «nunca los españoles tendrán que pagar ese impuesto», sino los bancos. Me recuerda aquel chiste judío en el que dos vecinos van a un rabino a resolver su pleito. Expone el primero sus argumentos y el rabino dice «tiene usted razón». Lo hace luego el segundo, y el rabino le dice lo mismo. «¡Pero, rabino –exclama un testigo–, no puede dar la razón a los dos!». «Pues usted también tiene razón», dice el rabino. Con la diferencia de que Sánchez se la da al mayoritario.

Pero el asunto ni de lejos está terminado. Primero, porque su última causa es el abuso de equívocos –recuerden «autonomía» o «nacionalidad»– por parte de los políticos españoles para salir de apuros. Luego, porque ese impuesto a las hipotecas, que no existe en la mayoría de los países, sobra. Si Sánchez quiere que los españoles no volvamos a pagarlo, que lo elimine. Pero ningún político se atreve porque lo cobran, no los bancos, sino los gobiernos autonómicos, que pondrían el grito en el cielo. Y tercero, porque, al final, lo pagaremos todos, ya que los bancos se las arreglarán para cargárselos a los hipotecados o a los clientes, pues no son instituciones caritativas, sino comerciales, que necesitan beneficios para poder actuar. Ha sido la chapucera redacción de una ley, es decir, culpa de los legisladores, lo que trajo la tormenta perfecta, con todos los ventajistas acudiendo a sacar tajada, el presidente el primero.

Me queda sólo advertir que el caos provocado por una confusa ley en una de las Salas del Supremo no invalida al Tribunal como última línea de defensa de España. De dejarlo en manos de ciertos políticos, despidámonos de ella.