La Audiencia de Barcelona sugiere que se debería haber dejado votar el 1-O
El tribunal, dividido, señala que se produjeron «excesos policiales» en un pueblo
Una valoración jurídica en el peor momento. En plena campaña contra la Justicia española, en general, tras la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre un impuesto hipotecario y la sentencia de Estrasburgo en el caso Otegui, utilizadas ambas políticamente por populistas e independentistas, ayer se conoció un polémico auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona que da por bueno «provisionalmente» que se produjeron «excesos policiales» en las cargas de la Guardia Civil durante el referéndum ilegal del 1-O en un instituto de San Juan de Vilatorrada (Barcelona). El tribunal, además, sugiere que los mandos de la Benemérita debían haber dejado votar para evitar las cargas de los agentes, pese a que tanto los primeros como los segundos cumplían órdenes judiciales consistentes en impedir un referéndum declarado ilegal por los tribunales.
La Sección Quinta, con estos argumentos, entre otros, admite así los recursos de apelación de varios denunciantes y la Fiscalía para que el Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa (Barcelona), que está investigando la actuación policial del 1-O en aquella población, acuerde abrir las diligencias solicitadas por las acusaciones con el objetivo de identificar a los agentes que intervinieron durante la jornada del 1-O. El tribunal marca la línea al juzgado manresano señalando que si, pese a los vídeos y las fotografías, así como con las declaraciones de otros agentes de la Guardia Civil, no se puede identificar a «los autores o partícipes de los hechos» sí se puede acudir judicialmente contra «sus superiores jerárquicos», pues estos «sí pueden ser identificados».
El auto de ayer no aporta ninguna novedad en cuanto a la investigación –todavía no hay agentes imputados por lo sucedido en San Juan de Vilatorrada, a diferencia de la veintena de policías acusados en otro juzgado de Barcelona–, pero sí da un paso más allá en relación a las valoraciones sobre el fondo de la cuestión.
Voto discrepante
Este exceso de valoración es lo que lleva a uno de los magistrados de la Sección Quinta a desmarcarse de sus compañeros con un voto particular. Este tribunal está formado por tres jueces: Elena Guindulain Oliveras, Josep Maria Assalit Vives y Rosa Fernández Pal- ma; y la decisión de aceptar «todas las diligencias interesadas por las partes apelantes» los ha dividido.
Los dos magistrados que firman el auto –Guindulain y Assalit– consideran «que se produjo un exceso en la actuación policial con causación de lesiones que seguramente no se hubieran producido de actuar de otra forma». Es decir, no hubo proporcionalidad y adelantan que «hubo excesos policiales en algunos casos concretos (en el) uso de las porras o defensa golpeando a ciudadanos también sin mediar agresión física previa, y sin finalidad aparente». Y añaden: «De continuar esa votación, el resultado de la misma no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores, por ser antijurídica de acuerdo con el ordenamiento jurídico constitucional español, lo que desde luego era sabido por la fuerza actuante. Nótese que en otros lugares de Cataluña no hubieron actuaciones policiales, las votaciones se realizaron, y se suministraron resultados, sin consecuencia jurídica alguna».
Crítica al auto La jueza del voto particular recuerda que la Guardia Civil actuó «en el marco de las órdenes recibidas» Vínculos ideológicos Assalit, ponente del auto, firmó en el año 2013 un manifiesto a favor del referéndum secesionista
Sin embargo, Fernández considera que sus compañeros efectúan, en su escrito, «valoraciones» sobre la actuación de los agentes policiales que «no se acompasan con este momento procesal ni con el concreto estado de la instrucción». La magistrada discrepante defiende que los agentes «actuaron en el marco de las órdenes recibidas» y critica que el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona «da la apariencia de posicionamiento sobre la conveniencia general de las intervenciones policiales» del 1-O de 2017.
Magistrados controvertidos
Los dos jueces que firman el polémico auto, Guindulain y Assalit, tuvieron que retirarse en 2012 del caso Hotel del Palau de la Música Catalana –derivada del caso Palau– por su amistad con Fèlix Millet, cabecilla de la trama que saqueó la institución cultural y fue condenado por ello en 2018. Assalit, ponente del auto conocido ayer, firmó en 2013 un manifiesto a favor de un referéndum de independencia en Cataluña. Y Guindulain, por su parte, miembro de una familia de patricios de Barcelona, fue protagonista de un curioso reconocimiento por un miembro de los Boixos Nois tras agresiones a mossos en pleno jucio: «Quiero mostrar mi gratitud (...) a doña Elena por el equilibrio mostrado al poner orden en la sala con mano izquierda».