Madrileños y navarros son los que pagarán más por el cambio fiscal hipotecario

Las regiones con tipos más bajos verán cómo los bancos repercutirán el AJD de la misma manera en todo el país, además de que desaparecerán reducciones a familias, discapacitados y jóvenes

Reacción de las entidades El consejero delegado del Banco Santander en España reclamó ayer «seguridad jurídica»

El cambio que ayer aprobó el Gobierno sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), para que afronte el tributo el banco y no el cliente en las futuras hipotecas, dibuja ganadores y perdedores por comunidades autónomas. Fuentes financieras consultadas por ABC confirman que las entidades repercutirán el tributo sobre el cliente de forma homogénea en todas las comunidades, sin diferenciar entre las que tienen tipos bajos o altos, lo que penalizará a los clientes de comunidades con una presión fiscal más reducida, que deberán afrontar una factura superior a lo que hubieran pagado hasta ahora. Los más damnificados, así, serán madrileños –que ahora tienen un tipo del 0,75%–, riojanos, canarios y cántabros –un 1%–. También los navarros que pidan una hipoteca en el futuro se verán afectados, ya que el Gobierno foral ha anunciado que también modificará su propia ley para que las entidades paguen. El tipo en la región es del 0.5%.

De esta forma, pese a que el impuesto es cedido a las comunidades, que aprueban sus propios tipos y bonificaciones, el cliente al dejar de pagarlo no advertirá la diferente presión fiscal. Serán las entidades las que lo hagan y, al repercutir el coste en el cliente, no distinguirán entre regiones, ya que ello supondría una «anomalía» en el mercado hipotecario, apuntan estas fuentes. «Lo que no podemos hacer es vender a pérdidas», apuntan.

Al cambiar el sujeto pasivo, es decir, el pagador, se producirá así una «armonización» del impuesto, al menos de cara al cliente que ya no percibirá las diferencias entre Madrid, la comunidad de régimen común con menores tipos, y Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Galicia y Murcia, las que lo tienen en su gama más alta, el 1,5%. País Vasco, que tiene un tipo del 0,5%, será el único territorio en el que el sujeto pasivo será el cliente, si el Gobierno foral del PNV no cambia la ley foral.

Si bien el Ministerio de Economía trabaja en aprobar la creación de una oficina de defensa del cliente para evitar la repercusión del impuesto al consumidor a través de «cláusulas abusivas», la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no aclaró ayer si vigilará que no lo incluyan en otros conceptos como comisiones por otros servicios o el interés cobrado al hipotecado, ni si las decisiones de este organismo serán vinculantes, es decir, si podrá obligar a que los bancos reculen en caso de infracción. Para ello remitió a preguntar a la propia Nadia Calviño la semana que viene. «Creemos en la responsabilidad de las entidades y la competencia es básica», incidió.

Junto a ello, como ayer confirmó Montero, también desaparecerán las bonificaciones a personas físicas que habían aprobado hasta ahora las comunidades para aquellos que pedían una hipoteca y que, en su mayor parte, beneficiaban en la compra de un inmueble a familias numerosas, jóvenes o discapacitados, es decir, los colectivos más vulnerables en el acceso a la vivienda, máxime en un momento en el que ante el endurecimiento de la política monetaria, se encarecerá la financiación.

Montero aclaró que se reunirá con las comunidades autónomas la semana que viene al convocar a sus directores de tributos para discutir cómo queda el impuesto. En concreto, en las bonificaciones regionales a personas físicas del impuesto, que al ser el banco el pagador, «decaerán», señaló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La suma afectada supone varias decenas de millones de euros, siendo Andalucía y Cataluña las regiones que cuentan con mayores bonificaciones de este tipo en el tributo, según sus memorias de beneficios fiscales.

Del lado de la banca, se espera la publicación del decreto en el BOE, que se producirá mañana. El consejero delegado del Banco Santander España, Rami Aboukhair, pidió ayer en la V Edición de premios Cepyme «seguridad jurídica» y «suprimir obstáculos y favorecer la inversión». «Cuando pensamos que sabemos las respuestas nos cambian las preguntas, pese a todo seguiremos dando apoyo a las pymes», reflexionó Aboukhair, sin referirse a la resolución adoptada por el Gobierno. Justo lo que ha ocurrido en el mercado hipotecario para clientes, administraciones y entidades en menos de un mes.