ABC (1ª Edición)

SORPRENDEN­TE

- IGNACIO MARCOGARDO­QUI

El país está convulsion­ado con motivo de algo tan sorprenden­te como son las andanzas judiciales del impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentad­os. Para situar las cosas en su justo término, quizás convendría recapitula­r. ¿De dónde venimos? Venimos de un impuesto creado por un Gobierno del PSOE. Venimos de constatar su pacífica existencia durante más de 20 años. Venimos de comprobar que ha sido tan pacífica que gobiernos autonómico­s del PSOE y Podemos lo han subido cuando han podido, a pesar de que a lo largo de esas dos décadas el impuesto recayó siempre sobre los prestatari­os y no sobre los bancos. Venimos de la sentencia de una sala del Supremo que cambia todo sin justificar nada e introduce más dudas que certezas. Venimos de una rectificac­ión del Pleno que ha sumido a todo el país en la perplejida­d por el procedimie­nto y a una buena parte de él en la rabia incontenid­a de todos aquellos que en todos los partidos y estamentos se dejan guiar por la complacenc­ia con el «pueblo».

La decisión del Gobierno es perfectame­nte coherente con su habitual voluntad populista y su sempiterno despiste técnico. A pesar de sus anuncios, los usuarios seguirán pagando el impuesto, de manera indolora eso sí, porque lo bancos prorratear­án el incremento del coste a lo largo de la larga vida que acostumbra­n a tener los préstamos hipotecari­os.

¿Son unos desalmados por hacerlo? No sé, pero desde luego es lo que hacen todos los sectores de la economía o es que, ya puestos, ¿va a exigir el Gobierno a las petroleras que corran con los impuestos que gravan los combustibl­es? ¿Va a hacer que los bares y restaurant­es paguen los impuestos que cargan las bebidas alcohólica­s? ¿Exigirá a El Corte Inglés o a Mercadona que se ocupe de pagar los IVA soportados por los productos y servicios que venden?

Con independen­cia de quien sea el sujeto obligado que determine la legislació­n fiscal, la realidad económica imputa éste y el resto de los costes a los consumidor­es o usuarios finales. ¿Quién si no iba a pagarlos? El Gobierno dirá lo que quiera, y mostrará su cara más justiciera, pero su afirmación de «nunca jamás los españoles van a pagar este impuesto» solo será verdad para aquellos que nunca pidan un préstamo hipotecari­o.

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