UN GRAVE ABUSO
¿Debe cambiarse la educación al dictado de un débil Gobierno minoritario?
GROSO modo, existen dos maneras de ver la vida. Para unas personas, las llamadas progresistas, los valores que deben primar por encima de todos son la igualdad y la equidad. Para otros, los liberales y los conservadores, lo prioritario es respetar las libertades individuales y de mercado y fomentar un clima favorable al talento y el esfuerzo personal. En España unas veces han ganado las elecciones los socialistas y otras los conservadores. Pero ha habido una diferencia esencial en su obra de gobierno. La izquierda impulsa siempre un proyecto de ingeniería social, aspira a que los ciudadanos asimilen su mirada ideológica como la única respetable y estándar; mientras que la derecha suele centrarse más en la gestión y menos en el apostolado ideológico. Resultado: desde la instauración de la democracia el modelo educativo que ha imperado es el del PSOE.
Gozando de una amplia mayoría absoluta, el PP se propuso por una vez cambiar las tornas con la llamada Ley Wert, ministro de buenas ideas y de tacto equiparable al de una vaquilla en un encierro. En esencia, Wert quiso recuperar la cultura del esfuerzo en las aulas. Pero el tándem Mariano-Soraya era alérgico a dar batallas ideológicas. Cuando la izquierda política y mediática saltó en tromba contra el «intolerable abuso educativo de la derecha», el Gobierno se arrugó y dejó solo a Wert. El siguiente ministro fue ya un encantador caballero... que en realidad no dio palo al agua.
El PSOE opera de manera bien distinta. El jueves, a la hora de la merienda, conocimos por sorpresa un grave abuso. Sánchez, con el 25% de los diputados del Congreso, con un Ejecutivo zombi incapaz de aprobar unos presupuestos y que seguirá atado a los de Rajoy, anuncia una ley de educación para desmontar lo poco que queda de la del PP e imponer su doctrina en las escuelas. Su plan va de frente contra la cultura del esfuerzo, con el exterminio de las reválidas y nuevas facilidades para los repetidores. También se acabarán las comparaciones de resultados entre centros, pues en la subcultura de la igualdad nadie puede ser peor que otro, es mejor una feliz igualación a la baja. En un país con un supurante problema con el separatismo, el proyecto aboga también por otorgar más mando a las comunidades (exactamente lo contrario de lo que se precisa). Por último, en una España donde casi el 70% de la población se declara católica, se ponen nuevas trabas a la educación concertada, se resta todo valor académico a la asignatura de Religión y se crea una materia nueva que viene a ser la religión laica del Estado (progresista, of course, única fe admisible).
Si la sociedad civil española no está definitivamente atrofiada debería plantarse muy en serio ante este trágala, inadmisible viniendo de un mandatario que ni siquiera ha ganado las elecciones. El futuro de los países se mide por la calidad de su educación y nunca nadie fue a más trabajando cada vez menos, que es en lo que consiste el inventazo de la ministra Celaá.