Faltan pruebas para calificar de terrorismo la amenaza a Sánchez
El vigilante que pidió ayuda para matar al presidente dice que «hablaba por hablar»
Estaba obsesionado con matar al presidente del Gobierno. Su incontinencia verbal a través del Whatsapp no tenía límites. No fue uno sino multitud los mensajes que Manuel Murillo escribió mostrándose convencido de su capacidad para acabar con la vida de Pedro Sánchez y reclamar apoyo logístico para consumar su plan. Estaba obcecado, sobre todo, desde que los socialistas anunciaron su intención de sacar a Franco del Valle de los Caídos: «Si quieren sacarlo la vamos a liar a tiros. Si lo sacan me cargo a Sánchez, lo juro. Como juré la bandera». Lo escribió el 21 de agosto en un grupo de Whatsapp que compartía con personas afines a Vox. No podía esperar que fuera precisamente una militante de este partido la que le denunció y acabó precipitando su detención el pasado 19 de septiembre.
Las amenazas de este vigilante privado de seguridad, que en su piso de Tarrasa (Barcelona) almacenaba 16 armas en su casa (algunas ilegales), son muy graves pero no permiten calificarlo, al menos de momento, como un delito de terrorismo. Así lo considera el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad, que se encarga del caso, y que le imputa por ahora conspiración para atentar contra autoridad con uso de arma; amenazas graves, tenencia ilícita de armas y también un delito de odio.
Cuando recibieron la denuncia de la militante de Vox, los Mossos pusieron el caso en conocimiento del juzgado de guar- dia de Tarrasa, que descartó remitir la causa a la Audiencia Nacional, competente en materia de terrorismo. Hizo consultas «informales» al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional pero descartó remitirle la causa, según explicaron a ABC fuentes judiciales.
Análisis de las armas
La Fiscalía mantiene el mismo criterio, al menos de momento, según explicaron fuentes del ministerio público. No descarta, sin embargo, pedir más adelante que el juzgado se inhiba en favor de la Audiencia Nacional si finalmente se desprendieran indicios de terrorismo. Consideran que deben practicarse una serie de diligencias para acabar de definir la tipología delictiva. Manuel Murillo, que permanece en prisión, deberá volver a comparecer en sede judicial. También lo habrá de hacer la dirigente de Vox que alertó a los Mossos de las amenazas. Y faltan, además, una serie de pruebas forenses, como el análisis de las armas confiscadas, para que la Fiscalía acabe de configurar su calificación del marco delictivo.
Murillo anunció sus pretensiones en dos «chats». Lo hizo en el grupo que comparte con otras personas afines a Vox y en conversaciones privadas con la militante que le acabó delatando. En el primero escribió, por ejemplo, que necesitaba información para acabar con el Gobierno. «Me ofrezco como experto tirador», añadía. En el segundo, comentaba que le gustaría contactar con el líder de Vox, Santiago Abascal, para explicarle su plan. «Yo soy francotirador y con un tiro preciso sé acabar con Sánchez», escribió en una serie de mensajes en agosto, que adelantó Antena 3. Pero estos dislates no eran más que «una fantasía estúpida», según defendió Murillo en su declaración como imputado. Era «hablar por hablar», no iba en serio. Dice que simplemente estaba flirteando. Quería «quedar de patriota delante de la chica».