OBJETIVO: LA JUSTICIA
Pregunten a los venezolanos de qué les sirvió tener una constitución ante el asalto de quienes no creen en la democracia
TRAS haber pinchado en hueso con el Rey, aunque sin olvidarle como blanco, las fuerzas antisistema apuntan a la Justicia, último valladar defensivo del Estado de Derecho, pues el Ejecutivo ya lo controlan y el Legislativo se halla paralizado por la fragmentación de las Cámaras. No es la primera vez, ocurre siempre que un sistema político entra en crisis, como le sucede al nuestro, aunque no queremos darnos cuenta. El consenso que permitió una transición sin sangre de un régimen autoritario a una democracia se ha roto y la sangre ya ha corrido. No me refiero a la derramada por ETA, ya que sus atentados fueron crímenes comunes, por más que sus cómplices intenten disfrazarlos en «lucha contra Franco». Franco ya había muerto y estaba enterrado cuando ocurrieron esos asesinatos. De lo que se trata ahora, cuando se le desentierra y ha corrido sangre en Barcelona ¡por llevar una bandera española!, es de acabar con el tercer poder, el que garantiza que los otros dos obedezcan las leyes. Se le ataca desde dentro y desde fuera, en una lucha sin cuartel, centrada en sus órganos superiores: el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Vale todo para ello, desde las intrigas internas a los errores que puedan haber cometido, como cualquier institución humana.
El sábado hubo manifestaciones ante los Palacios de Justicia de todas las capitales españolas. No acudieron muchos, pero las pancartas eran tremebundas, desde acusar a los jueces de «venderse a la banca» a calificarles de «enemigos del pueblo». Todo, por haberse hecho un lío con los impuestos hipotecarios, lo que merece una severa reprimenda, puede incluso que la dimisión del responsable, aunque la última causa fue la infame redacción de la ley correspondiente, que admitía dos interpretaciones. O sea, que los verdaderos culpables son los políticos que hoy se presentan como enmendadores del entuerto. Aparte de que el objetivo no es que los compradores de pisos no paguen los intereses de la hipoteca, que los pagarán de una forma u otra. Ni tampoco hundir a la banca que, de momento, necesitan para el control total del Estado, sino la Justicia convertida, de último bastión de las garantías constitucionales, en brazo de un ejecutivo-legislativo fundidos en un «gobierno del pueblo», aunque de pueblo sólo tenga el nombre.
A más de uno le parecerá exagerado cuanto digo, pero lean a los ideólogos neomarxistas (Laclau, especialmente), donde ha bebido la nueva izquierda, y lo encontrarán negro sobre blanco. O, mejor, vean lo ocurrido con la «revolución bolivariana» y lo verán con sus propios ojos. ¿Qué no puede ocurrir en España? Pregunten a los refugiados venezolanos de qué les sirvió ser ricos y tener una constitución democrática ante el asalto de quienes no creen en la democracia. En España están a punto de renovarse el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Como esos dos órganos rectores de la Justicia caigan en manos extrajudiciales, podemos despedirnos de ella. Derribar luego la Monarquía será ya juego de niños. Y de matones.