EL PSOE RIOJANO SE NIEGA A APOYAR EL ESPAÑOL Y PIDE MAS AUTOGOBIERNO
Vota en contra de que sea la lengua vehicular de la enseñanza y la administración en las CC.AA., y quiere mayor peso en la recaudación de impuestos
La política territorial del PSOE se embarca, como respuesta al desafío independentista catalán, en otorgar cada vez más competencias a las comunidades autónomas. Las enmiendas presentadas por los socialistas para modificar Estatuto de La Rioja son buena prueba de ello, una vez abren la puerta a aumentar al máximo la capacidad recaudatoria de la región en los tributos cuyos beneficios comparten la Comunidad Autónoma y la Administración Central.
La estrategia no es nueva. El porcentaje del IRPF cedido inicialmente a La Rioja fue del 33% del IRPF, del 35% del IVA o del 40% en los impuestos especiales, como alcohol o hidrocarburos. En el año 2010, con la ley 21/2010, de 16 de julio, se actualizó el régimen que regula la cesión de tributos del Estado a La Rioja y los porcentajes aumentaron: pasaron a recibir el 50% en el caso del IRPF o el IVA y del 58% en el de los impuestos especiales. Esta fue la última modificación del Estatuto de Autonomía y es la que está actualmente en vigor. Ahora, la propuesta socialista ahonda, ante la falta de renovación del sistema de financiación autonómica, en la tendencia de aumentar su participación en los ingresos tributarios estatales.
Las enmiendas del PSOE al nuevo Estatuto dejan completamente abierta esta cuestión. El listado de impuestos cuyo rendimiento se cede a la región es el mismo, pero los socialistas no especifican una cifra en el caso de los tributos compartidos –que actualmente están topados–, sino que se limitan a definir su «carácter parcial». Algo que da vía libre a un posible incremento en la participación regional en detrimento de la Administración Central.
Como establece el Estatuto de Autonomía riojano, «el alcance y condiciones de la cesión –de tributos– se establecerán por la Comisión Mixta», el órgano parlamentario cuya función es facilitar las relaciones bilaterales entre el Gobierno central y las autonomías. El sentir general entre todos los partidos de La Rioja es poner en marcha otra comisión mixta, que se reconoce en el artículo 46 de su actual Estatuto, que defina precisamente estas compensaciones para La Rioja por el efecto frontera con Navarra y el País Vasco. No obstante y entre todos los territorios con un régimen tributario común, sólo hay cinco comunidades que por el momento han constituido una comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (aunque no en todos los casos se llama igual) con el Estado: son Cataluña, Baleares, Andalucía, Aragón y Extremadura.
Un sueldo «por ley»
Si el PSOE levanta los topes recaudatorios marcados por el Estatuto actual, se abren las puertas para negociar condiciones más ventajosas para La Rioja a la hora de engordar sus arcas públicas. De esta forma se entienden las medidas de corte social o carácter participativo que propone incluir en el texto el socialismo riojano a través de sus enmiendas. «Creemos que La Rioja no es más que nadie, pero tampoco menos que ninguno», defiende el PSOE entre sus propuestas, donde también subraya que todas las modificaciones que pretenden incluir en el Estatuto «no sólo equipararán –a La Rioja–» con otros territorios, sino que situarán a la comunidad «a la vanguardia de las reformas estatutarias de España».
En virtud de las propuestas que sostiene el PSOE riojano, la vanguardia estatuaria se encuentra, entre otras cosas, en otorgar a sus ciudadanos «el derecho a promover la convocatoria de consultas populares». Este párrafo, ubicado en el artículo 11 del nuevo Título Primero que propone crear el grupo parlamentario encabezado por Concha Andreu, va un paso más allá en el proyecto de ley de Participación y Colabo-
ración Ciudadana puesto en marcha en la región y recuerda a las consultas ciudadanas que Manuela Carmena ha impulsado en Madrid con un escasísimo grado de participación popular.
Las consultas ciudadanas no son, sin embargo, la única propuesta asemejable a las desarrolladas por Podemos en otros puntos de la geografía española. El PSOE en La Rioja también aboga por una «renta de ciudadanía» regulada por ley –ahora ya hay un programa que pueden solicitar personas con apuros económicos– para conseguir que todos los riojanos tengan «unas condiciones de vida digna». La medida, sobre el papel, es muy loable, aunque precisaría de un importante esfuerzo económico.
Politización de la Justicia
Chirría que en el marco de una reforma estatutaria que surge en aras de la regeneración, el PSOE insinúe crear una nueva institución judicial en la que haya políticos. Así lo detalla el artículo 64 del Título Sexto, que proponen añadir al Estatuto resultante de la reforma. «Mediante ley el Parlamento de La Rioja podrá crear el Consejo de Justicia de La Rioja y establecer su estructura, composición y funciones», reza el segundo punto de dicho epígrafe, que tiene su corolario en el tercer punto: «Los miembros del Parlamento de La Rioja que formen parte de dicho Consejo habrán de ser designados por una mayoría de dos tercios de sus miembros». Es decir, políticos en la Justicia.
La reforma que abandera el PSOE tampoco agradará a los funcionarios, ya que parte de sus derechos se ven cercenados con la enmienda 14 de los socialistas, cuyo objeto es suprimir las disposiciones adicionales tercera y cuarta, además de las disposiciones transitorias de la primera a la duodécima del texto actual. Si se suprimiera la disposición transitoria novena, ya no se respetarían aquellos derechos adquiridos de cualquier orden o naturaleza que correspondan a los funcionarios adscritos al Estado, Diputación Provincial de La Rioja u Organismos e Instituciones públicas y que, por razón de las transferencias de servicios a la Comunidad Autónoma, hayan de depender en el futuro de ésta». En claro: los funcionarios que pasaran a depender de La Rioja procedentes de otras administraciones perderían sus derechos adquiridos.
Todas estas modificaciones se suman a la ya avanzada por ABC con la que los socialistas riojanos quieren equiparar el español con el euskera y, al igual que aquella, tienen como principal obstáculo la aritmética parlamentaria que no permitirá al PSOE, salvo que goce con los apoyos de Podemos y Ciudadanos al mismo tiempo, sacarlas adelante.