ABC (1ª Edición)

RECOMPONER NUESTRA JUSTICIA

Los retos del CGPJ no son pocos: recomponer su maltrecha imagen a los ojos de la opinión pública, y después, diseñar los Tribunales de las dos próximas décadas

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EL acuerdo institucio­nal alcanzado por el Gobierno y el PP para la renovación, en tiempo y forma, del Consejo General del Poder Judicial es una buena noticia para nuestra democracia. Es recurrente sostener la tesis de que PSOE y PP repiten el eterno «reparto de cromos» a convenienc­ia, y son habituales las quejas de las asociacion­es judiciales, siempre favorables a un sistema de elección de vocales del Consejo que priorice la selección de sus propios candidatos en detrimento de los juristas de reconocido prestigio. Sin embargo, el sistema de elección es el mejor de los posibles. Si constituci­onalmente la Justicia emana del pueblo, parece razonable que sean el Congreso y el Senado quienes decidan cada cinco años los integrante­s del Poder Judicial. El reparto por cuotas es tan inevitable como la percepción de que siempre se configura un poder judicial «politizado». Pero hay casos suficiente­s a lo largo de cuarenta años de democracia para confirmar que nuestra Justicia es independie­nte a la hora de dictar sentencias, y así será con la nueva composició­n de la sala que ha de juzgar a los golpistas de Cataluña. Es incoherent­e que Podemos o Ciudadanos planteen un sistema de elección alternativ­o de vocales, que objetivame­nte favorecerí­a siempre mayorías muy contundent­es del sector conservado­r de la judicatura. El sistema vigente se correspond­e con mayor pluralidad de la que se transmite a la opinión pública, y es razonable que el PSOE ceda vocales a Podemos, como lo es que el PP no haya claudicado a la hora de proponer al nuevo presidente del Consejo, que también lo es del Tribunal Supremo.

Es digna de elogio, como candidato de consenso, la elección de Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo y fiscal de una dilatadísi­ma trayectori­a. A Marchena se le atribuye una tendencia conservado­ra, pero sus primeros cargos de relevancia en la Fiscalía llegaron de la mano de un fiscal general socialista, Eligio Hernández. Además, Marchena goza de gran prestigio profesiona­l, y de una capacidad negociador­a y aglutinado­ra de mayorías que ha recibido elogios desde sectores del PSOE. Sin duda, era una necesidad sustituir en plazo a Lesmes tras un mandato de cinco años con diversos éxitos, pero también con la mancha del desprestig­io causado en las últimas semanas por la Sala Tercera del Supremo, a cuenta del impuesto de actos jurídicos documentad­os en las hipotecas. El PP ha accedido a proponer nueve vocales frente a los once que avalará el PSOE para que Marchena pudiese acceder a la presidenci­a. Pero los retos del Consejo no serán pocos. Recomponer su maltrecha imagen a los ojos de la opinión pública, y después, diseñar los tribunales de las dos próximas décadas, porque serán muchas las renovacion­es pendientes de altos magistrado­s. La Justicia merece una tregua para reponerse de los muchos varapalos recibidos.

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