La defensa de Chaves en los ERE alega que no leía lo que aprobaba
Su abogado insiste en que el expresidente ignoraba cómo se daban las ayudas
El hombre que acumuló más poder en Andalucía durante 19 años no sabía nada del caso ERE. Manuel Chaves, el presidente más longevo que ha tenido la Autonomía, ha fiado su última línea de defensa en el juicio al desconocimiento de todo cuanto tiene que ver con el programa de ayudas sociolaborales que lo ha sentado en el banquillo de los acusados junto a siete de sus exconsejeros, incluido José Antonio Griñán –que luego lo relevó en la Presidencia de la Junta–, y a 13 miembros más de sus gobiernos. Su abogado, Pablo Jiménez de Parga, utilizó ayer el último turno de palabra que tiene en la vista oral para defender que Chaves conocía los «grandes conflictos» empresariales pero ignoraba cómo se concedían las ayudas en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y las advertencias del interventor, algunas de las cuales se plasmaron en informes que aprobaba sin leerlos en el Consejo de Gobierno.
A sus 73 años, después de cuatro décadas ocupando distintos cargos públicos gracias al PSOE, partido del que se dio de baja a raíz de su procesamiento, el exdirigente se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años por un delito continuado de prevaricación.
En su informe final, este letrado argumenta que Chaves desconocía las irregularidades recogidas que anualmente acompañaban a los planes de control de las empresas públicas porque «no se leía» tales documentos de la Intervención que aprobaba en el Consejo de Gobierno «de forma íntegra y sin modificar nada». «Pretender que el presidente, antes de aprobar el plan anual de Control Financiero Permanente, se tenga que poner a estudiar los expedientes que han dado lugar a las propuestas de la Intervención, se opone a las reglas de lo lógico y linda con lo absurdo», esgrimió su abogado. Se remitió a la declaración de Chaves en el juicio para sostener que no fue hasta años después cuando leyó las memorias, uno de los elementos que dan cuerpo a las tesis acusatorias de la Fiscalía. Pero «su lectura sosegada», a toro pasado, «no permite detectar las alarmas que hicieran saltar las luces rojas».
En las citadas memorias el interventor ponía de manifiesto que se estaban utilizando de forma indebida las transferencias de financiación por parte de la agencia pública IFA/IDEA para pagar las subvenciones excepcionales que concedía la Dirección de Trabajo, lo que impedía su fiscalización previa. Es la misma tesis esgrimida por los peritos de la Intervención General del Estado que analizaron las 270 ayudas de los ERE y a los que Jiménez desacreditó calificándolos de «pseudoperitos designados a dedo». Chaves presidió los consejos de gobierno que aprobaron las memorias de los años 2005 y 2006, pero no asistió a la sesión que adoptó el acuerdo de 2007. «Si no se le puede pedir que se los lea antes, pensar que lo va a hacer después de aprobado es esperpéntico», dijo el abogado. A modo de conclusión, Jiménez de Parga consideró «imposible» que el ex jefe del Ejecutivo socialista conociera las irregularidades. A su juicio, tampoco pudo apretar el botón para «poner fin al sistema» de los ERE porque el exinterventor general de la Junta y acusado Manuel Gómez no emitió un informe de actuación, «el mecanismo legal que hubiera permitido que las irregularidades hubieran llegado al Consejo de Gobierno». «Se actuó cuando se debió actuar», dijo esta defensa parapetándose tras la supuesta inacción de la Intervención de la Junta.
Acusación El exjefe de Gobierno se enfrenta a diez años de inhabilitación por prevaricación